La condena a Cristina Fernández de Kirchner se anunció un día después de conocerse los mensajes compartidos entre jueces, empresarios del grupo Clarín, ex funcionarios de JxC y exagentes de inteligencia para ocultar un viaje pagado por la empresa de multimedios a la mansión del magnate mega millonario británico Joe Lewis. La vicepresidenta recibió un amplio apoyo de funcionarios y dirigentes sociales y políticos, de Argentina y del extranjero. Además, habló a través de las redes sociales y dejó al descubierto las maniobras de «un estado paralelo, una mafia judicial».
La condena del TOF 2 no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial”, sino que se trata de “un estado paralelo, una mafia judicial”, aseguró Cristina Fernández de Kirchner a través de un video en vivo en redes sociales, y dio cuenta con la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, donde se encuentra la mansión del extranjero millonario Joe Lewis, y el entramado de acuerdos que conllevó: “Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo”, dijo.
El mensaje siguió a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que la declaró culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La dos veces presidenta dejó al descubierto la complicidad las maniobras de ese “estado paralelo”, por ejemplo, con la omisión de avanzar en la investigación de irregularidades respecto de los acuerdos con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que anunció no ser candidata:
«¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín… No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás».
La Vicepresidenta agregó: «Eso sí, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta», apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.
Amplio respaldo a la vicepresidenta:
Conocida la sentencia, Cristina Fernández de Kirchner recibió el apoyo de mandatarios, funcionarios, y dirigentes sociales y políticos de Argentina y del extranjero.
El presidente Alberto Fernández afirmó que «en Argentina ha sido condenada una persona inocente», al rechazar el fallo que sentenció a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En Twitter, el presidente consideró que “los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación” a la presidenta, y que fue perseguida “a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”.
Respecto del juicio, señaló que “no se consideraron las formas mínimas del debido proceso, se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho, en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifestó su solidaridad “con la compañera vicepresidenta” y se declaró “en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político” Para el peronismo bonaerense, la condena «no es solamente a Cristina Fernández de Kirchner» sino contra «las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015».
Desde el ámbito nacional, el PJ expresó el «enérgico repudio a la persecución judicial y el intento de proscripción» contra CFK y remarcó que «la causa judicial que se inició no respetó las garantías ni el debido proceso y no tuvo otro objetivo que perjudicar su imagen pública y la del peronismo«.
También hubo una convocatoria a «las unidades básicas y sedes partidarias de todo el país a sumarse al estado de alerta y movilización». «Los peronistas no abandonamos a quien se la juega por su pueblo: todas y todos con Cristina», remata el comunicado.
Desde el Movimiento Evita, por su parte, expresaron su “más enérgico repudio al vergonzoso fallo” y considera que la decisión tomada por el TOF 2 “constituye un nuevo ataque a la Democracia y a la militancia política popular, ya que carece de toda legitimidad, fundamentación y respaldo probatorio, basándose solamente en el inconsistente relato de un fiscal y en una campaña mediática deliberada, con la única finalidad de imponer una condena política y proscriptiva contra la Vicepresidenta de la Nación y la dirigencia popular”.
Además, consideraron que “esta persecución, junto con la que recientemente se ha dirigido contra los dirigentes sociales, busca proscribir y estigmatizar el conjunto de los y las dirigentes del peronismo y del campo popular”.
“Estas acciones de persecución política representan el capítulo local de un fenómeno regional”, refirieron al comparar los “idénticos manejos” en Brasil, y aseguraron que “en toda democracia, la justicia más importante es la Justicia Social” pero que “sectores estratégicos de Comodoro Py se han constituido en meros custodios de los privilegios de los sectores económicos concentrados, dándole la espalda al pueblo y al reconocimiento de sus derechos”.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, expresó en sus redes sociales que “el amor no se proscribe, nunca pudieron todavía no se dan cuenta. ¡Nadie olvida cuando fue feliz! Latinoamérica avanza junto a sus líderes, la Justicia de los grupos concentrados no podrá, ¡porque somos millones! Y aunque desaparezcan generaciones, surgimos como las semillas del árbol nativo” y agregó, ¡Mi solidaridad y agradecimiento con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y su familia que tanto hostigamiento deben soportar!”
Las y los concejales del Frente de Todos Moreno también se expresaron al respecto y consideraron que “la mafia que se apoderó del Poder Judicial de la Nación, en la que se entrecruzan el poder económico real, los medios de comunicación hegemónicos y la dirigencia opositora quiere impedir que ella vuelva a gobernar a la Argentina. Pero el pueblo no olvida que los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los tiempos más felices desde el retorno a la democracia. Y que posible porque pusieron límites a los privilegios de quienes hoy la atacan”. Y cerraron, “de la misma manera que no pudieron impedir que Perón volviera a gobernar después de 18 años de exilio, tampoco podrán privar al pueblo argentino del liderazgo de Cristina”.
Próximos pasos: Casación y Corte Suprema
En cuanto a los próximos pasos, el TOF 2 dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de marzo próximo y desde ese día tanto las defensas como la fiscalía estarán en condiciones de preparar y presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. Para ello tendrán diez días hábiles desde la lectura de los fundamentos.
En Casación, el veredicto será analizado por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad. Este es el máximo tribunal penal federal del país y es la instancia primera de revisión de los veredictos emitidos en todos los juicios orales del fuero.
Borinsky y Hornos son los jueces que fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, acusación por la que fueron sobreseídos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi aunque ese fallo será revisado por la sala II de la Cámara Federal.
Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una audiencia previa ya en 2023, tras haber recibido la causa: allí escucharán fundamentos en los meses subsiguientes y, posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver.
Luego de Casación, seguirá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario, que en el caso de ser rechazado, habilitará el recurso de la queja directa ante el máximo tribunal, que no tiene plazos para decidir.
La sentencia quedará firme cuando se pronuncie la Corte Suprema y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para que pueda ordenarse su detención.
La Constitución Nacional establece que se requiere «mayoría especial» de votos en el Congreso de la Nación para el desafuero. La inmunidad de arresto, por otra parte, está prevista en la Ley 25320.
En el caso particular de la Vicepresidenta, si esta situación se diera, como la expresidenta está próxima a cumplir setenta años, el arresto podría ser domiciliario.
Otro escenario que podría darse al momento de las apelaciones ocurriría si Casación llegara a revocar algún aspecto del fallo dispuesto por el Tribunal Oral. Como es necesario el llamado «doble conforme», en ese caso la Corte podría disponer que otra sala de la Casación revise la decisión de manera previa a intervenir en la causa, para dejar firme o revocar la sentencia.
Además de los tribunales nacionales, tanto la defensa de la Vicepresidenta como la de otros 12 acusados tienen la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, su defensa denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte de la Justicia argentina.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces Presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial»: sus palabras rápidamente fueron replicadas por los medios internacionales.
