Continúan los operativos sobre derecho a la cuota alimentaria en Moreno

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Municipio de Moreno, en articulación con la Dirección Nacional de Acceso a Justicia, se encuentra realizando distintos operativos en el distrito de Moreno, para abordar la problemática del incumplimiento del pago en la obligación alimentaria por parte de progenitores de niños y niñas. Ya se realizaron operativos en Cuartel V, y Catonas. Este jueves 20 de abril se realiza el tercero en Salvador María del Carril y Lobos, Villa Zapiola, Paso del Rey de 10 a 14 horas, finalizando el siguiente jueves con el cuarto operativo en Moreno Sur.

Dialogamos con Jesica Brigandi, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humano del municipio, quien nos brindó detalles sobre el alcance de los operativos:  “En los operativos que veníamos realizando desde las casas de justicia, habíamos detectado la gran demanda en torno al asesoramiento sobre el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, sobre todo en ciertos barrios o localidades”.

La Secretaría de Justicia y DDHH del municipio de Moreno, en articulación con Centros de Acceso a la Justicia de Nación, llevan adelante estos dispositivos de atención para el cumplimiento del derecho de niños y niñas respecto a la obligación alimentaria por parte de sus padres y/o madres.

En estos operativos se asesora sobre las alternativas (judiciales, administrativas o a través de mediaciones) para garantizar el pago de la cuota alimentaria y en el caso de ser necesario se deriva al patrocinio jurídico gratuito para su judicialización

“Desde los centros de acceso a justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, esta misma línea, se están realizando desde el mes de marzo, distintos operativos en toda la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres de la provincia, a raíz de los altos índices de incumplimiento de deudores varones de cuota alimentaria y la vulneración de los derechos de mujeres que están solas a cargo de sus hijos, y de los niños y niñas”, aclara Jesica.

El incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria implica una grave forma de violencia económica que, en general, se encuentra acompañada de otras formas de violencia contra las madres que son quienes en general se ocupan no solo del sostenimiento económico del hogar, sino de los cuidados de los menores de forma integral, lo que genera a su vez aumento en los índices de pobreza, sub empleo, y sobre empleo y endeudamiento de los hogares monoparentales.

“El asesoramiento es integral, no solamente implica brindar patrocinio jurídico gratuito en el caso que se necesite, que lo hacemos desde la red federal, sino el asesoramiento y promoción sobre el derecho a recibir la cuota, y que implica en cada caso. Hay temas que los solucionamos con mediaciones comunitarias sin llegar a  judicializar la situación, en otros casos la persona quizás ya tiene abogado pero no entiende los procesos, entonces se lo explicamos o si es necesario nos comunicamos con el o la letrada para poder brindarle mayor asesoramiento a la persona que se acerca a consultar«, finaliza Brigandi.

Patrocinio gratuito para garantizar el acceso a la cuota alimentaria

Actualmente, existe una problemática estructural en nuestro país vinculada a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que es de tinte económico y se presenta cuando hay incumplimiento por parte de los progenitores de la obligación alimentaria o de cuidados. En este marco, desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos municipal, en articulación con el Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se viene implementando una política pública que brinda patrocinio gratuito para aquellas personas, en su gran mayoría mujeres, que están a cargo del cuidado de sus hijos e hijas, y se encuentran bajo la problemática del incumplimiento alimentario, y de cuidados  por parte de los progenitores.

Los datos de algunos estudios recientes, como el informe de MECON y UNICEF “Desafíos de las políticas públicas frente a la crisis de los cuidados. El impacto de la pandemia en hogares con NNA a cargo de mujeres “del 2021, sobre el total de jefes/as de hogares monoparentales/monomarentales de entre 25 y 59 años se observa que el 83,5% son mujeres (este porcentaje ascendió al 88,3% en pandemia). En el primer semestre de 2020, el 68,3% de niñas, niños y adolescentes que vivían en hogares monoparentales con jefatura femenina eran pobres y el 23,6% eran indigentes (UNICEF, sobre la base de EPH, primer semestre de 2020).

El incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de los progenitores, es un problema estructural que incide de forma grave en la calidad de vida de los niños, y niñas. Para las mujeres que quedan a cargo de esos menores, en muchos casos además, resulta imposible acceder a una justicia que las ampare, principalmente por motivos económicos, pero también por las características patriarcales de la justicia que muchas veces hace oídos sordos a sus reclamos como principales cuidadoras.

En este marco desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Municipio de Moreno, en articulación con el Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se viene implementando una política pública que brinda patrocinio gratuito para aquellas personas, en su gran mayoría mujeres, que están a cargo del cuidado de sus hijos e hijas, y se encuentran bajo la problemática del incumplimiento alimentario, y de cuidados  por parte de los progenitores.

En diálogo con Moreno Primero, Jesica Brigandi, de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos de Moreno, afirmó: “A principios del año pasado, comenzamos a notar una gran demanda en las casas de justicia, por parte de mujeres que además de asesoramiento necesitaban un patrocinio jurídico, ya que para presentarte en un expediente o iniciar uno, la justicia requiere si o si patrocinio letrado, de forma obligatoria, si bien existen las defensorías también tienen mucha demanda y están colapsadas”.

Si bien, los letrados que pertenecen al Colegio de abogados tienen la obligatoriedad de realizar patrocinios gratuitos, no existía hasta el momento un incentivo económico que facilite al menos cubrir los gastos que asumir un caso con responsabilidad requiere, en ese sentido Jesica nos explica cómo funciona la articulación de esta política que facilita entre otras cosas un ingreso mínimo para esos abogados y abogadas.

“Articulamos con los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, con los que venimos trabajando tanto en la localidad de Trujui como en Cuartel V, en las atenciones en conjunto, bajo el sistema de la red federal de patrocinios gratuitos.  A través de los CAJ se les pagó un bono a los abogados y abogadas, lo cual genera un incentivo, y la cobertura de los gastos, para que el profesional pueda tomar el caso, mientras que nosotros desde la Secretaría hacemos la evaluación previa para identificar los casos que requieren patrocinio gratuito”, explicó Jesica.

Para que un caso determinado aplique dentro de los parámetros que le permiten al damnificado acceder al patrocinio gratuito, están por un lado las variables económicas, es decir, que la persona no pueda abonar por sus propios ingresos un letrado, pero por otro lado debe existir una incumbencia, ya que no cualquier tema puede ingresar por esa vía. En su mayoría los temas que sí tienen derecho a este tipo de patrocinio son: alimentos, responsabilidad parental, procesos de familia (no divorcios), amparos de salud, y todo aquello que no implique cuestiones patrimoniales.

La articulación entonces se complementa con el Colegio de Abogados de Moreno /General Rodríguez. Son abogados y abogadas recientemente graduados los que se ocupan de estos patrocinios donde, con la tutela y el acompañamiento de profesionales con más experiencia, esta política pública no sólo fomenta el acceso a la justicia para las madres que ven vulnerado el derecho de sus hijos e hijas, sino que se impulsa a los jóvenes letrados a adquirir experiencia en sus propios territorios.

Cabe mencionar que la problemática del incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, en general, se ve acompañada de una absoluta desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado, lo que deja a las mujeres en una situación de sobrecarga mental y física, pero también está situación las deja en muchos casos, fuera del mercado de trabajo quedando aún más desamparadas frente al incumplimiento del progenitor.

Por último, Brigandi, sostuvo que «es importante aclarar que también es un derecho de las mujeres el cobro de la cuota alimentaria, la compensación económica o atribución de la vivienda familiar dependiendo el caso. El aporte económico por tareas de cuidado es fundamental teniendo en cuenta que son ellas en su mayoría las que realizan las tareas de cuidado viéndose impedidas de salir a buscar un trabajo remunerado».

Brigandi: “No creemos que lo judicial sea el camino nada más, debe haber una instancia de reparación para recomponer esos lazos rotos y violentos”

Luego de tomar conocimiento del lamentable caso de abuso sexual de un niño sufrido por sus pares en un viaje de egresados, el gobierno local dispuso un abordaje integral desde las áreas de justicia y seguridad para contener a las víctimas, así como a toda la comunidad educativa. ¿Cómo accionar ante estas complejas situaciones? ¿Por qué es importante la intervención del Estado local?

Niñas y niños de 11 y 12 años estudiantes de la Escuela Primaria Nº60 de Trujui tuvieron su viaje de egresados desde el martes 18 al viernes 21 de noviembre en La Lucila del Mar. Pero lo que debió ser una experiencia inolvidable por la felicidad de esos días de encuentro y diversión, para uno de ellos lo fue por una situación de absoluta violencia.

Este niño regresó con una actitud extraña que llevó a su madre, Leila Sánchez, a preocuparse e intentó hablar con él. Recién el lunes 24, por la noche, su hijo le contó que compañeros de grado se burlaron de su discapacidad motriz y abusaron sexualmente de él, mientras otros compañeros filmaban este terrible hecho.  

La situación se agrava ante la denuncia de que el personal docente de la institución que acompañaba en el viaje, tenía conocimiento de lo que había sucedió e intentaron ocultarlo. En la denuncia está asentado que existiría más de un video, pero uno de ellos se había viralizado tanto que no pudieron eliminarlo y por eso llegó a manos de Leila.

Los menores son inimputables, pero Leila busca que los docentes involucrados, por intentar ocultar el hecho, no puedan ejercer su rol nuevamente. Es por eso que el día miércoles 26 de octubre se manifestaron en la puerta de la escuela. 

Apenas se tomó conocimiento del hecho, el Municipio intervino desde las áreas de seguridad y justicia. En diálogo con este medio, el secretario de Seguridad municipal, Juan Ciucio, afirmó: “cuando nos llega la información de la situación, dispusimos un operativo para el cuidado de la institución y de la integridad física, tanto de los que trabajan en la escuela, como de las personas que iban a protestar”.  

Además, precisó que “tuvimos que resguardar algunos docentes que estaban en el lugar y contener a la familia del nene que sufrió el abuso como de otros padres que querían intervenir, en conjunto con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos” y resaltó que “Esa intervención en conjunto con la policía de la Provincia, que actuó muy bien tanto en el resguardo de la institución como en el resguardo de las personas, nos llevó a que no haya ningún tipo de incidentes”.

Si bien recién comienza un largo camino de trabajo y reparación con esta comunidad educativa, y sobre todo con las y los niños, se logró que esta compleja situación no genere más violencia. 

Desde Moreno Primero también nos comunicamos con Jessica Brigandi, Coordinadora General de Casas de Justicia y Atención a Víctimas, quién explicó que ni bien recibieron la denuncia “lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de Leila, la mamá del niño, porque ellos eran las víctimas del hecho”. “Desde la guardia de víctimas pusimos a disposición todos los servicios, tanto el acompañamiento legal como el psicológico para ella”, aseguró. 

Por otro lado, al observar el entramado más complejo que involucraba a todo un personal docente y la comunidad educativa, lo que generó la movilización del día miércoles, “ese día fuimos también con un equipo a acompañar, para que se desarrolle la movilización y protesta pacíficamente, que puedan ser escuchados por las autoridades del colegio, y que no tengan contacto con docentes que ellos creen que estuvieron involucrados en tanto no prestaron los deberes de actividad correspondiente”, detalló Brigandi, y agregó, “el día de la manifestación pudieron tomar registro con el inspector de la escuela, en un acta, sobre todo lo que quisieron decir para que se inicie el proceso administrativo correspondiente”. A su vez, ese mismo día, “acompañamos a la mama a la fiscalía y a todas las oficinas judiciales que quiso ir, incluso la recibió la fiscal de menores”. 

La coordinadora de Casas de Justicia y Atención a Víctimas explicó que “también estamos haciendo acompañamiento a la familia de otros chicos involucrados en el hecho, porque son todos niños, hay un curso entero involucrado, familias y la comunidad educativa”. Por tanto, reflexionó, “no creemos que lo punitivo y exclusivamente lo judicial sea el camino nada más, sino que debe haber una instancia de reparación y de trabajo articulado para empezar a recomponer esos lazos que están rotos y bastante violentos”.  

“Estamos acompañando, por un lado, a la mama del niño que denunció, y también a la familia de los otros niños que también están bastante dolidos y consternados, y ya no quieren que los nombres de sus hijos salgan en todos lados, algo lógico que está contemplado por los derechos de niños y niñas”, cerró la funcionaria.  La causa está en manos de la fiscal de menores Alejandra Piqué, titular de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°6 de Moreno, quien investiga lo sucedido.