Mientras estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich recibió 11 veces a Carlos Alberto Tonelli Banfi, miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que estaba a cargo de la Dirección de Eventos Especiales. Es el responsable del espionaje masivo a 403 periodistas y un centenar de académicos, empresarios y miembros de ONGs que participaron en las cumbres de la OMC y el G-20 que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En total, este espía que es investigado en la Justicia ingresó en 57 oportunidades a la ministerio que dirigía Bullrich.

Tonelli Banfi, excuñado de la por entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, ingresó en total 57 veces a la cartera que condujo la actual presidenta del PRO. Sin embargo, solo una entrada figura en el Registro Público de Audiencias. Está comprometido en la causa en que se investiga el espionaje masivo a trabajadores de prensa, académicos y activistas. Desde su área se confeccionaron las fichas ilegales de los participantes por lo que la fiscal Paloma Ochoa y querellantes pidieron su indagatoria en esa causa que tramita en Comodoro Py. 

A las víctimas del espionaje no solo les revisaron las redes sociales y bucearon en Google sobre sus antecedentes, sino que en las fichas se incluyeron referencias a sus ideas políticas y vínculos. En muchos casos se destaca si eran más o menos cercanos al gobierno de Macri o al kirchnerismo. El espionaje fue masivo y para todos, tanto de medios y periodistas alineados con Macri como de críticos.

Cabe destacar que esto viola la Ley de Inteligencia Nacional, la cual establece que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. 

El Equipo de Seguridad a cargo de la 11° Cumbre de la OMC, que se realizó entre 10 y el 13 de diciembre de 2017, y de la del G-20, que se hizo entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 2018, estuvo conformado por la AFI y el ministerio a cargo de Bullrich.

La denuncia que originó esta causa la presentó la actual interventora de la AFI. En la denuncia, la interventora Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.Se trata de una causa que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora, enmarcada en hechos vinculados al evento internacional, donde se realizaron tareas de inteligencia ilegal sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria.