El presidente Alberto Fernández expuso un listado de razones para justificar cambios en el poder judicial. Apuntó contra las irregularidades dentro del mismo, y la complicidad de los grandes medios de comunicación.
En su discurso de apertura de sesiones legislativas 2021, Fernández explicó que hay una realidad: La necesidad de modificar aspectos estructurales de la justicia actual. En ese sentido, el presidente pidió: “Quisiera que, en mis críticas al sistema judicial, nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha creado en el mundo del Derecho y que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la institucionalidad de la república y la vigencia de los valores democráticos.”
“Quisiera que, en mis críticas al sistema judicial, nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha creado en el mundo del Derecho y que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la institucionalidad de la república y la vigencia de los valores democráticos.”
Alberto Fernández.
Así, el mandatario aseguró firmemente que “el poder judicial de la Nación, está en crisis”. Detalló entonces sus preocupaciones a través de una larga lista de deficiencias y situaciones irregulares en el sistema judicial y que pretende esclarecer y resolver.
Así el Alberto Fernández denunció que “disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, y detalló que no pagan hoy impuesto a las ganancias “que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado y en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”. No sólo esos son los privilegios, sino también “la relación corporativa que los vincula” que “ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del toque de edad que la Constitución impone.
Los grandes medios de comunicación no quedaron exentos de la crítica, ya que el presidente acusó: “Hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y de nuestra sociedad, y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan.”
De esta manera arremetió contra “un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos, o de extorsión” y explicó que “a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación”, y expresó enfático “es cierto, su poder no es residual, está vigente”.
Continuó en su explicación con la denuncia de la causa conocida como “espionaje ilegal”, donde, tal como explicó el presidente, “observamos como sale a la luz un perverso sistema donde se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas, y para montar extorsiones judiciales”, y sentenció “Todo se sabe, y todo sigue ocurriendo como si nada pasara.”
En ese sentido resaltó la denuncia de un miembro del Congreso sobre la visita de un magistrado al entonces presidente de la Argentina, Mauricio Macri, dos días antes de procesar a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, y comentó que “sólo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones, el resto lo amparó bajo el mando del silencio”.
¿Cuáles son las propuestas?
El Jefe de Estado le pidió al Congreso Nacional “que asuma el rol de control cruzado sobre el poder judicial” tal como lo prevé nuestra constitución, y aclaró, “institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido, no para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”.
«Hace años, mucho antes de ser presidente, que vengo advirtiendo que vengo advirtiendo estos desvíos en la justicia que no acaban en los hechos de mayor trascendencia pública. Se tienden amparos que duran años antes de ser resueltos, en concursos comerciales que demora décadas, eternos reclamos laborales o previsionales, detenciones preventivas innecesarias o excarcelaciones sin procedentes, en femicidios que se consumas sin que jueces ni fiscales hagan lo necesario por impedirlo.«, anticipó el mandatario.
Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia que terminan dañando la democracia y la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas e instantáneas, sin posibilidades serias de revisión, sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad, padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas.”
Alberto Fernández.
Con el fin de revertir la situación, el presidente elevó un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del fuero federal y la medida ya obtuvo media sanción por parte del senado. Por tanto, declaró que aspira “a que la Honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe”, y resumió “con eso estaríamos dando un primer paso en función de mejorar la administración la administración de justicia. Lo mismo busca con la reforma al Ministerio Público Fiscal que también fue aprobada en Senado y se encuentra actualmente en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución.
Además, anunció que enviará al congreso un proyecto para impulsar el juicio por jurados para delitos federales. Esto es, que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado, será decidida por ciudadanos. Este tipo de juicios está contemplado en la Constitución nacional desde 1853, pero nunca fue aplicado a nivel federal.
También anunció una reforma del Consejo que está integrado por 13 miembros de los cuales 7 son representantes de la política y está encargo de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. En relación al Consejo de la Magistratura de la Nación sostuvo que “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Por último, anunció además el envío de un proyecto al Congreso que pretende la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. Cabe destacar que se encontrará por debajo de la Corte Suprema, la cual “podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
