Programa Qunita: el macrismo le puso fin a un comienzo de vida equitativo

Este programa nacional, que estaba dirigido a mujeres embarazadas titulares de la Asignación Universal por Embarazo, fue presentado en el 2015 por Cristina Fernández de Kirchner por iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación.

Qunita preveía la entrega de un kit completamente de producción nacional y de máxima calidad con una cuna de madera; colchón con juegos de sábanas; ropa para el bebé y la madre; elementos para el desarrollo saludable del recién nacido; y un guía desarrollada por el Ministerio que brinda información sobre cuidados; entre otras cosas. 

Formó parte de una estrategia sanitaria integral que dio un paso más en la ampliación de derechos que apuntaba a reducir la mortalidad materna e infantil. Buscaba, a su vez, garantizar las mismas oportunidades desde el inicio de la vida para todos los argentinos y las argentinas. En los seis meses que funcionó el programa durante el gobierno de Cristina se distribuyeron 74.408 kits.

Fue un programa profundamente revolucionario que achicaba la brecha de desigualdad social y aseguraba el bienestar en la salud del recién nacido y de las madres, y lograba dignificar la situación de miles de familias por año. Sumando además, que apostaba por la industria nacional y a los trabajadores argentinos, ya que todos los productos del kit eran de excelente calidad y producción local y buscaba favorecer el funcionamiento en red del sistema de salud, actuando como herramienta que colabore en la estrategia de regionalización de la atención perinatal, de acuerdo a los niveles de complejidad.

A su vez, además del kit, proporcionaba el seguimiento de las madres durante el embarazo, en todas las acciones complementarias al cuidado de la gestación: desde los controles prenatales, el parto y controles posteriores. De esta manera, se buscaba garantizar no sólo el acceso equitativo a insumos y recursos necesarios para el cuidado del bebé, sino también un seguimiento adecuado durante el período de gestación.

Tanto los controles rutinarios de un embarazo, como los insumos que el bebé necesita, son un presupuesto monetario al que todas las familias deberían tener el derecho de acceder, a esto apuntaba Quinita. Esto da cuenta de un Estado presente que ante cada necesidad veía un derecho que necesitaba ser garantizado y que lo asumía como su responsabilidad. Un gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza que tenía como prioridad cuidar a los y las argentinas, y que siempre proyectaba ir más allá de las conquistas ya adquiridas.

Portabebé, cuna, indumentaria para el bebé y la mamá, elementos de cuidado e higiene (termómetro digital, toalla y toallón, babero y cremas, entre otras cosas), ropa de cama, juguetes, una guía y el kit de viaje son algunos de los elementos que contenía el kit. Además, en el botiquín de medicamentos esenciales de Remediar se distribuye Ácido Fólico, una vitamina que ayuda a crear nuevas células y es esencial para el desarrollo del sistema nervioso del bebé, y que según estudios internacionales está demostrado que su administración a todas las mujeres en edad reproductiva, disminuye el número de casos con anomalías congénitas. 

Con la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, este programa de equidad e inclusión fue congelado y desmantelado por “decisión política de Mauricio Macri” según los mismos voceros oficiales del partido. La entonces legisladora de la ciudad de Buenos Aires y actual Diputada Nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña hizo una denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra de los kits. El caso quedó a cargo del fallecido y polémico juez Claudio Bonadio y del fiscal Eduardo Taiano que procesaron y en noviembre de 2016 enviaron a 18 personas a juicio oral, entre ex funcionarios y particulares que integraban las empresas que vendieron los kits. Entre ellos a Gollan, quien había sido secretario de Salud Comunitaria del Ministerio, a Kreplak, subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia, a Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete. Una pericia oficial demolió las acusaciones.

Para sostener que hubo sobreprecios, el fallecido juez Bonadio se basó en un kit alternativo que presentó Ocaña. Desde el punto de vista del precio, los peritos señalaron que no se puede establecer un precio que sirva como referencia porque el kit no existía en el mercado. Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación estableció un precio indicativo de 7.479 pesos, cerca de los 7.850 a los que licitó y dentro del 10% de margen que permiten las normas.

Es evidente que tampoco a partir de estos extremos se puede concluir existencia de sobreprecios, sostuvo la fiscal. Y continuó diciendo que “en la búsqueda de ese perjuicio potencial se irrogaron perjuicios reales a las arcas públicas, tales como que se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado”.

El día de ayer la actual fiscal de la causa pidió el sobreseimiento de todos los imputados por la causa del “Plan Qunita” ya que consideró que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad.. Lo solicitaron el ministro y vice de Salud bonaerense, junto a Aníbal Fernández. Un peritaje de la Corte Suprema concluyó que no hubo perjuicio al Estado en la compra de elementos para embarazadas y madres de recién nacidos.

Esta es una más de las tantas causas que la oposición quiso hacerle a funcionarios del kirchnerismo y se caen a pedazos, como la causa del Dólar a futuro, la muerte de Nisman,  el Memorándum de Entendimiento con Irán, entre otras.

Leonardo Anzalone: “la ley de Zona Fría tiene enfoque federal y de justicia social”

Tras la aprobación de la Ley de Zonas Frías en el Congreso de la Nación la semana pasada, conversamos con Leonardo Anzalone, Director del CEPEC. 

Anzalone destacó dos premisas dentro de esta nueva ley: “la primera tiene que ver con una cuestión de justicia distributiva. Aquellas personas que viven en zonas frías destinan un porcentaje mucho más grande de sus ingresos a poder calefaccionarse. Esto de alguna manera tiende a igualar esa situación”. Y la segunda premisa “es muy clara en este gobierno, y es un aspecto Federal, siempre en general los subsidios se concentran en mayor medida en la región de la AMBA y esto tiene un claro enfoque federal.”

Esta ordenanza dispone que se disminuyan los montos fijos y variables de la factura del servicio de gas para los usuarios y las usuarias habitantes de las consideradas “zonas frías” del país. El informe del CEPEC que hace referencia a las especificidades del proyecto detalla que “El beneficio representará un descuento del 30% o 50%, dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada familia. En los hogares de menores ingresos, donde residan electrodependientes, y para las Entidades de Bien Público y pequeñas y medianas empresas y comercios se aplicará una reducción del 50% en el Cuadro Tarifario.” y agregan que “lo que la norma hace es agregar a 3,1 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias a los 849.965 ya contemplados.”

Esta distinción por zonas se hace ante la evidente diferencia mensual que gastan de servicios públicos, en especial de gas, las personas que viven en zonas cálidas de las que no. CEPEC informa que “El proyecto de ampliación tiende a igualar el peso del gasto en gas en todo el país, bajando el impacto de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción y actualmente no se encuentran alcanzados por el beneficio. En promedio, los hogares que se incorporan gastan 1% más de sus ingresos que en las zonas templadas.

Esto significa un alivio para aquellas familias, no solamente en términos ahorrativos sino a futuro. Según el informe “al aumentar el ingreso que les queda a los consumidores podrán destinarlo a gastos que tenían postergados, siendo entonces, una política que ayudará a recuperar el consumo.”

Se aprobó la Ley que beneficiará a más de 2.5 millones de jubilados y pensionados

El Senado convirtió en Ley esta madrugada el proyecto de Zona Fría, que reducirá entre el 30 y el 50 por ciento las tarifas de gas de 232 municipios pertenecientes a 17 provincias (se sumaron 7), beneficiando a más de 2,5 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas.

Con 51 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna abstención, el parlamento que preside Cristina Fernández de Krichner convirtió en ley un proyecto que se solidariza con las necesidades de nuestros adultos mayores, haciendo de sus urgencias, una política de estado. Los destinatarios de esta medida que posean el servicio a su nombre tendrán un descuento en su tarifa de gas del 50 por ciento.

Esta ley, presentada y motorizada por el Diputado Nacional Máximo Kirchner, se enmarca en la decisión política del Gobierno Nacional de seguir garantizando a todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas un haber mensual con mayor capacidad de compra.

Por último, es importante destacar que el ENARGAS es la autoridad de aplicación de la ley y que los titulares no deberán realizar ningún trámite adicional en la ANSES, ya que el descuento se verá reflejado directamente en su boleta de gas.