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Leonardo Anzalone: “la ley de Zona Fría tiene enfoque federal y de justicia social”

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Tras la aprobación de la Ley de Zonas Frías en el Congreso de la Nación la semana pasada, conversamos con Leonardo Anzalone, Director del CEPEC. 

Anzalone destacó dos premisas dentro de esta nueva ley: “la primera tiene que ver con una cuestión de justicia distributiva. Aquellas personas que viven en zonas frías destinan un porcentaje mucho más grande de sus ingresos a poder calefaccionarse. Esto de alguna manera tiende a igualar esa situación”. Y la segunda premisa “es muy clara en este gobierno, y es un aspecto Federal, siempre en general los subsidios se concentran en mayor medida en la región de la AMBA y esto tiene un claro enfoque federal.”

Esta ordenanza dispone que se disminuyan los montos fijos y variables de la factura del servicio de gas para los usuarios y las usuarias habitantes de las consideradas “zonas frías” del país. El informe del CEPEC que hace referencia a las especificidades del proyecto detalla que “El beneficio representará un descuento del 30% o 50%, dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada familia. En los hogares de menores ingresos, donde residan electrodependientes, y para las Entidades de Bien Público y pequeñas y medianas empresas y comercios se aplicará una reducción del 50% en el Cuadro Tarifario.” y agregan que “lo que la norma hace es agregar a 3,1 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias a los 849.965 ya contemplados.”

Esta distinción por zonas se hace ante la evidente diferencia mensual que gastan de servicios públicos, en especial de gas, las personas que viven en zonas cálidas de las que no. CEPEC informa que “El proyecto de ampliación tiende a igualar el peso del gasto en gas en todo el país, bajando el impacto de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción y actualmente no se encuentran alcanzados por el beneficio. En promedio, los hogares que se incorporan gastan 1% más de sus ingresos que en las zonas templadas.”

Esto significa un alivio para aquellas familias, no solamente en términos ahorrativos sino a futuro. Según el informe “al aumentar el ingreso que les queda a los consumidores podrán destinarlo a gastos que tenían postergados, siendo entonces, una política que ayudará a recuperar el consumo.”

Medidas económicas: ¿Cuáles son y cuánto presupuesto destina el Gobierno Nacional?

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Leo Anzalone, economista y Director del CEPEC: “las medidas económicas para paliar el parate por 9 días de los sectores afectados suponen lo que significa el 1,3% del PIB.”

A partir de la segunda ola de covid, el Gobierno Nacional decretó una serie de restricciones para que frene el número de contagios y dar tiempo para desaturar al sistema de Salud. Al mismo tiempo anunció una serie de medidas económicas para paliar el parate por 9 días de los sectores afectados, las cuales suponen un gasto de $480.000 millones aproximadamente, lo que significa el 1,3% del PIB.

Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para paliar la crisis, tanto sanitaria como económica, dan cuenta del rol de un Estado presente que pone en agenda las problemáticas de los sectores más afectados por la pandemia. De un Estado que prioriza la salud y el bienestar de los argentinos y las argentinas sin dejar de lado las medidas sanitarias necesarias, gestionando con la responsabilidad que la coyuntura y este enemigo engañoso e  invisible requiere. 

El economista y Director del CEPEC (Centro de Estudios Políticos y Económicos), Leo Anzalone afirmó en BAE Negocios en base al último informe publicado: “Para analizar las medidas tomadas, vale la pena aclarar de dónde venimos. En abril la industria se contrajo 2,9% mensual desestacionalizado respecto a marzo. Sin embargo, se ubicó 6% por encima de abril de 2019 (y 58,6% por encima de abril de 2020, que coincidió con el peor momento económico de la pandemia). La caída se debe a que, si bien la industria no tuvo restricciones para operar, la contracción se debió a la mayor cantidad de contagios entre el personal que obligó a suspender turnos en ramas como la siderurgia y la automotriz.

Antes de esta segunda ola letal, no solo la industria se recuperaba con fuerza, sino que también lo hacía el empleo: desde el momento de máxima caída en agosto del 2020, se dio generaron 20,1 mil empleos hasta febrero.

Entre las nombradas medidas económicas, el Gobierno Nacional creó el Programa de Recuperación Productiva 2 como herramienta para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas durante la segunda ola. Pagará hasta $22.000 pesos, cuando  venía pagando hasta $18.000, para trabajadoras y trabajadores de sectores críticos, como gastronomía, turismo, cultura, entretenimiento y ahora gran parte de comercio.

Los sectores afectados pero que no se encuentran en situación crítica, podrán solicitar hasta $9.000 por trabajador o trabajadora. Los monotributistas y autónomos de ramas críticas que no tengan relación de dependencia o que tengan hasta 5 empleados, podrán inscribirse al REPRO II pudiendo obtener un beneficio de $22.000 por trabajadora o trabajador independiente. Este programa se implementó en noviembre del año pasado y hasta abril brindó asistencia a más de 13 mil empresas y casi 400 mil trabajadores en relación de dependencia.

A partir de una disposición del Banco Central (BCRA) las empresas inscriptas en el REPRO II tendrán la posibilidad de postergar los pagos de las cuotas de los créditos que hayan adquirido en 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, sin que esto implique un cambio en las condiciones iniciales del préstamo. 

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció también la puesta en marcha de una línea de créditos a tasa 0% por un total de $1.000 millones, exclusiva para el sector gastronómico. Estos créditos tendrán 3 años de plazo, con una tasa subsidiada al 100% durante los primeros 12 meses. Los créditos tendrán un tope de hasta $3 millones en el caso de las pymes y de entre $100.000 y $500.000 en el caso de monotributistas y autónomos, de acuerdo a la categoría en la que estén inscriptos.

Uno de los primeros instrumentos relanzados por el Gobierno fue la Tarjeta Alimentar, en la que se amplió el alcance y cobertura a niñas y niños de hasta 14 años, e incrementó su monto a $12.000 para madres de tres hijos o más. Su objetivo es reducir el impacto económico y social producido por la pandemia de COVID-19 y asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria, dirigido a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas. Esta política llega a 4 millones de niñas y niños de todo el país, y pasó de destinar $10 mil millones a $18 mil millones mensuales, un aumento del 80% en el gasto.

Por otro lado, el Plan Potenciar Trabajo, que actualmente tiene 900 mil beneficiarios y beneficiarias, pasará a $11.772. La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo pasará de $4.017 a $4.503 en la zona general y de $5.223 a $5.856 en zonas patagónicas. La AUH para niños discapacitados General pasará de $13.090 a $14.676, mientras que para zonas patagónicas de $17.017 a $19.079. La reciben más de 4 millones de niñeces y más de 78 mil personas embarazadas, dando un presupuesto total de más de 242 millones. En lo que respecta al Potenciar Trabajo, se presupuestaron $73.079 millones.