Luego de tomar conocimiento del lamentable caso de abuso sexual de un niño sufrido por sus pares en un viaje de egresados, el gobierno local dispuso un abordaje integral desde las áreas de justicia y seguridad para contener a las víctimas, así como a toda la comunidad educativa. ¿Cómo accionar ante estas complejas situaciones? ¿Por qué es importante la intervención del Estado local?

Niñas y niños de 11 y 12 años estudiantes de la Escuela Primaria Nº60 de Trujui tuvieron su viaje de egresados desde el martes 18 al viernes 21 de noviembre en La Lucila del Mar. Pero lo que debió ser una experiencia inolvidable por la felicidad de esos días de encuentro y diversión, para uno de ellos lo fue por una situación de absoluta violencia.

Este niño regresó con una actitud extraña que llevó a su madre, Leila Sánchez, a preocuparse e intentó hablar con él. Recién el lunes 24, por la noche, su hijo le contó que compañeros de grado se burlaron de su discapacidad motriz y abusaron sexualmente de él, mientras otros compañeros filmaban este terrible hecho.  

La situación se agrava ante la denuncia de que el personal docente de la institución que acompañaba en el viaje, tenía conocimiento de lo que había sucedió e intentaron ocultarlo. En la denuncia está asentado que existiría más de un video, pero uno de ellos se había viralizado tanto que no pudieron eliminarlo y por eso llegó a manos de Leila.

Los menores son inimputables, pero Leila busca que los docentes involucrados, por intentar ocultar el hecho, no puedan ejercer su rol nuevamente. Es por eso que el día miércoles 26 de octubre se manifestaron en la puerta de la escuela. 

Apenas se tomó conocimiento del hecho, el Municipio intervino desde las áreas de seguridad y justicia. En diálogo con este medio, el secretario de Seguridad municipal, Juan Ciucio, afirmó: “cuando nos llega la información de la situación, dispusimos un operativo para el cuidado de la institución y de la integridad física, tanto de los que trabajan en la escuela, como de las personas que iban a protestar”.  

Además, precisó que “tuvimos que resguardar algunos docentes que estaban en el lugar y contener a la familia del nene que sufrió el abuso como de otros padres que querían intervenir, en conjunto con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos” y resaltó que “Esa intervención en conjunto con la policía de la Provincia, que actuó muy bien tanto en el resguardo de la institución como en el resguardo de las personas, nos llevó a que no haya ningún tipo de incidentes”.

Si bien recién comienza un largo camino de trabajo y reparación con esta comunidad educativa, y sobre todo con las y los niños, se logró que esta compleja situación no genere más violencia. 

Desde Moreno Primero también nos comunicamos con Jessica Brigandi, Coordinadora General de Casas de Justicia y Atención a Víctimas, quién explicó que ni bien recibieron la denuncia “lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de Leila, la mamá del niño, porque ellos eran las víctimas del hecho”. “Desde la guardia de víctimas pusimos a disposición todos los servicios, tanto el acompañamiento legal como el psicológico para ella”, aseguró. 

Por otro lado, al observar el entramado más complejo que involucraba a todo un personal docente y la comunidad educativa, lo que generó la movilización del día miércoles, “ese día fuimos también con un equipo a acompañar, para que se desarrolle la movilización y protesta pacíficamente, que puedan ser escuchados por las autoridades del colegio, y que no tengan contacto con docentes que ellos creen que estuvieron involucrados en tanto no prestaron los deberes de actividad correspondiente”, detalló Brigandi, y agregó, “el día de la manifestación pudieron tomar registro con el inspector de la escuela, en un acta, sobre todo lo que quisieron decir para que se inicie el proceso administrativo correspondiente”. A su vez, ese mismo día, “acompañamos a la mama a la fiscalía y a todas las oficinas judiciales que quiso ir, incluso la recibió la fiscal de menores”. 

La coordinadora de Casas de Justicia y Atención a Víctimas explicó que “también estamos haciendo acompañamiento a la familia de otros chicos involucrados en el hecho, porque son todos niños, hay un curso entero involucrado, familias y la comunidad educativa”. Por tanto, reflexionó, “no creemos que lo punitivo y exclusivamente lo judicial sea el camino nada más, sino que debe haber una instancia de reparación y de trabajo articulado para empezar a recomponer esos lazos que están rotos y bastante violentos”.  

“Estamos acompañando, por un lado, a la mama del niño que denunció, y también a la familia de los otros niños que también están bastante dolidos y consternados, y ya no quieren que los nombres de sus hijos salgan en todos lados, algo lógico que está contemplado por los derechos de niños y niñas”, cerró la funcionaria.  La causa está en manos de la fiscal de menores Alejandra Piqué, titular de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°6 de Moreno, quien investiga lo sucedido.