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Nahuel Berguier: “La participación del Estado municipal para garantizar derechos en conflictos por el acceso a la tierra y la vivienda”

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El acceso a las viviendas es uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país en cada una de sus provincias, esta problemática se acrecentó con la pandemia y también llevó a que haya una gran cantidad de desalojos de viviendas particulares, y Moreno no está exento de esto.

Más de la mitad de las personas que viven en ciudades no acceden a alguno de los servicios públicos existentes, como pueden ser el agua, el gas de red o a los desagües cloacales, y a lo largo de los años desciende la cantidad de propietarios de una vivienda. Así son las condiciones de vida de los hogares, que publicó el Indec para un total de 31 aglomerados urbanos, donde viven 28,6 millones de personas.

En cuanto a los servicios públicos, hay 10,8 millones de personas que no acceden a gas en red y 9,6 millones de personas no acceden a desagües cloacales. El servicio público con mayor cobertura es el del agua, al que acceden el 89,9 por ciento de los hogares. Más de la mitad de las personas en las ciudades no acceden a algún servicio o red pública. Son 14,7 millones de personas.

Así es el caso de María Raquel, una vecina del barrio La Esperanza que la desalojaron por problemas de pagos de su vivienda a pesar de tener la intención de pagar y de haber edificado allí una casa donde vivía con sus hijos, el municipio no pudo actuar a tiempo ya que se lo notificó a último momento de lo que iba a ocurrir. Sobre este caso y sobre esta problemática a la que nos enfrentamos diariamente, Moreno Primero habló con Nahuel Berguier, secretario de Justicia y DDHH del municipio y con Jessica Brigandi, Coordinadora General de Casas de Justicia y Atención a Víctimas.

Nahuel Berguier, habló sobre el compromiso que tiene el municipio con este tipo de hechos y sobre la situación, tanto nacional como municipal de los desalojos y de la falta de acceso a la vivienda que hay.

Sobre la situación de los desalojos en el país, el funcionario, explicó: “En todo el país hay una situación muy compleja en materia de vivienda. De hecho en este momento, en el Congreso Nacional, se está discutiendo una reformulación de la ley de alquileres. Yo creo que la ley anterior es un texto muy bueno, favorable al inquilino, pero las debilidades estatales para el control, han hecho fallar los mecanismos de control”. Y añadió que debido a la situación económica actual, la situación empeoró aún más, Nahuel dijo: “Lo cierto es que la crisis económica, la irregularidad laboral que se profundizó en la pandemia, junto a la problemática de la inflación y la inestabilidad del dólar, generan muchas situaciones de falta de pago en alquileres y créditos privados de vivienda. La prohibición de desalojos en la primera etapa de la pandemia, puso límites. Pero hoy esa restricción ya no está”.

Por otra parte, Moreno se hace cargo de estas situaciones y explica que ”en este contexto, hay que señalar que tenemos un Municipio fuertemente comprometido con la generación de planes de vivienda, y con la recuperación de suelo urbano vacante”.

Con respecto a la situación de estos desalojos en Moreno, Berguier explica: “Moreno está inmerso en esta situación que se presenta a nivel provincial y nacional.  El Municipio ha tenido por un lado una fuerte política de impedir las tomas masivas, trabajar en el momento junto con el iduar, las fiscalías y el Ministerio de Seguridad, para que no haya ninguna situación violenta, mediar los conflictos; pero también impedir nuevas tomas que sabemos no son la solución”.

También nos explicó que no deben ser tomados todos los casos por igual, y que gran parte del trabajo que realiza el municipio es en tratar a todos de manera personal y profunda, sobre esto, comentó: “A su vez tenemos los conflictos individuales, de órdenes de desalojo en lotes familiares, que generalmente tramitan en sede civil. Tenemos una articulación con los juzgados civiles muy importante, como nunca hubo; permanentemente, todas las semanas, se presentan situaciones de estas características”. Y agregó: “Buscamos soluciones según los casos, no son todos iguales.  Se intenta mediar para que se otorguen más plazos a las familias; para encontrar soluciones alternativas. Se presentan escritos y se dialoga con la justicia, nos involucramos como Estado municipal. Y no nos quedamos en el denuncismo, para estar cómodos nosotros. Nos involucramos en encontrar soluciones, que no siempre son fáciles porque obviamente hay derechos en pugna y hay una jurisdicción judicial que resuelve”, finalizó el funcionario.

Además habló del rol que tiene el IDUAR en estos casos, y dijo que ”hay veces que los accionantes quieren los terrenos para hacer emprendimientos, ahí intentamos operar con opciones que brinda la ley de hábitat, que es una ley muy buena que tiene la Provincia. El IDUAR también siempre está activo, buscando soluciones. Hay una tarea muy grande de reordenamiento del suelo urbano”, finalizó.

Sobre el caso específico de María Raquel, el secretario de Justicia y DDHH del municipio, comentó: “Es una causa que tramitó en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un contrato que se firmó en ese ámbito. Eso dificultó aún más la intervención como Municipio. Apenas tomamos conocimiento estuvimos activos, hubo un gran trabajo de las y los funcionarios municipales, que estuvieron activos los días previos y el mismo día del desalojo, en el lugar de los hechos, intentando mediar para que no se produjera el lanzamiento. Igualmente también la familia tiene una abogada, en esos casos somos también muy respetuosos de las decisiones de la representación letrada”.

Jessica Brigandi: “: “Tomamos intervención desde la Secretaría de Justicia y DDHH, entendiendo que había una urgencia por garantizar el derecho a la vivienda digna”

Jessica estuvo en el lugar de los hechos y nos brindó detalles sobre lo ocurrido. Sobre cuándo el municipio tomó conocimiento de lo que ocurría y su reacción, contó: “Tomamos conocimiento hace muy pocos días, muy cerca de la fecha del desalojo, nos llegó el tema a través del CELS. Lamentablemente no tomamos conocimiento antes pero de forma inmediata nos pusimos a trabajar coordinando tanto con la abogada patrocinante de María Raquel, Dra. Favilia, como con el CELS y con otras áreas municipales como Desarrollo Comunitario”.

El municipio se enteró y comenzó a actuar para que esto no suceda, cuidar a cada vecino y a cada vecina es uno de los ejes centrales de la gestión, pero el poco tiempo de notificación de los hechos hizo que poco se pueda hacer, a pesar de que todavía no es un caso perdido y se intentará que María Raquel recupere su hogar. “Tomamos intervención desde la Secretaría de Justicia y DDHH acompañando a la familia de María Raquel con su abogada, entendiendo que había una urgencia por garantizar el derecho a la vivienda digna prevista en nuestra Constitución y en numerosos tratados de Derechos Humanos, considerando que en dicha casa vivían 13 personas, 7 de las cuales eran menores”, aclaró Jessica. Y, agregó que ”en ese tenor hicimos una presentación en el expediente judicial apoyando el pedido de su abogada, solicitando un plazo de gracia para continuar y acompañar las negociaciones y llegar a un acuerdo que evite el desalojo. Lamentablemente ese pedido no tuvo acogida favorable en el juzgado. Nos mantuvimos en contacto permanentemente durante estos días con María Raquel como con su abogada, acompañando las negociaciones de la letrada con la inmobiliaria que solicitó el lanzamiento”.

Finalizando, Jessica explica que el municipio sí quiso acompañar en el momento a María Raquel y a toda su familia, que son unas nuevas víctimas de la gran crisis económica que vive el país y que profundizó la pandemia, la funcionaria, explicó: “El mismo día del desalojo, también nos hicimos presentes con un equipo de la Secretaría en el territorio. Sabemos que estas situaciones suceden con frecuencia en el municipio, con loteos y planes de pago que no se pudieron seguir pagando dado el parate económico generado por la pandemia, por ello, invitamos a quienes estén transitando una situación de estas, puedan acercarse a nuestra Secretaría para poder intervenir en pos de garantizar el acceso a la justicia y una negociación en equidad de condiciones”.

Por último, expresó: “Desde ya que seguimos acompañando la situación, en contacto permanente con María Raquel y su abogada. Estamos al tanto de donde se están quedando por estos días, y también, trabajando junto con su letrada la continuidad de las negociaciones con la inmobiliaria para intentar que puedan recuperar su casa”. 

Indignación por los dichos desinformados de Santilli sobre la inseguridad de Moreno

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El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, visitó ayer el distrito de Moreno, donde dijo: “nuestra propuesta es terminar con las tomas, los transas y los delincuentes”. El Municipio local no tardó en responder: “Santilli vino sin informarse, y no se hace cargo del gobierno que dejaron”.

El secretario de Justicia de Moreno, Nahuel Berguier disparó que “no se informó de lo que pasa en el distrito”, y puntualizó: “recibimos desde 2019, finalizada la gestión de los compañeros de Santilli, un municipio detonado en donde había aproximadamente diez patrulleros y ningún tipo de gobierno político de la seguridad”.

Sostuvo que “por supuesto que el problema de la inseguridad es un tema de máxima preocupación, porque lo sufre mucho la gente, el ciudadano de a pie, el que va a trabajar, y por eso nos hemos ocupado con mucho trabajo”.

En Moreno el año pasado se incorporaron al trabajo de seguridad más de 25 patrulleros. Este año, con el Fondo de Seguridad Integral que dispuso el presidente Alberto Fernández, lograron que cada una de las ocho comisarías tengan su patrullero, y que el Comando pueda cubrir las cuarenta cuadrículas. 

El gobierno municipal de Mariel Fernández enfatiza mucho en la preocupación y la gravedad en cuestiones de seguridad. Pero lejos de descansar en una preocupación vacía, sino que se ocupan con gestión y políticas que interactúan con el Ministerio de Seguridad, que se reflejan en los resultados visibles que viven los y las vecinas. 

Desde hace algunos meses Moreno aplica el modelo de las “estaciones de policía” que es un mando unificado entre la Departamental, el Comando de Patrullas, la Policía Local, y la Comisaría de la Mujer, y allí surge un Jefe de Estación que es quien representa al esquema policial. Esa cuestión, que no funcionó del mismo modo en diferentes municipios, en el caso de Moreno lo entienden como un acierto que permitió encontrar el camino para buenos resultados.

Santilli también arremetió con el tema tomas de tierra, pero la Comuna entiende que en la actual gestión hubo un minucioso trabajo para encontrar salidas, y aseguran que lograron frenar el intento de al menos doscientas tomas de importancia: “lo hicimos sin ninguna represión”, remarcan. Además, hay un sistema articulado entre vecinos que dan alerta ante cualquier eventualidad y ahí el dispositivo coordinado entre Municipio, Fiscalía y Ministerio de Seguridad actúa para evitarlas. El titular de la cartera de Justicia local dijo que “estamos trabajando para resolver tomas que nos dejó de herencia el gobierno de María Eugenia Vidal”.

En algunas tomas importantes que se dieron a mitad de 2019 por ejemplo, la actual gestión empezó a resolverlas de otra manera, y creó un sistema que es modelo. Se basa en el diálogo de las partes con la intervención de múltiples organismos estatales que van desde la atención a la niñez, a las mujeres, ministerio de Seguridad, Defensoría del Pueblo, entre otros. 

NAHUEL BERGUIER:“EN MORENO YA NO SE PRODUCEN TOMAS DE TIERRA”

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El secretario de Justicia de Moreno afirma que ya no se producen nuevas usurpaciones y a través de una mesa intersectorial se gestiona la resolución de las existentes. “No queremos que este tipo de conflictos se pierdan en entramados judiciales eternos, para eso realizamos mesas técnicas con los funcionarios judiciales, organismos de la Provincia y el Municipio para buscarle soluciones concretas que garanticen el conjunto de los derechos en juego».

  Los conflictos por tomas de tierras se producen en toda la Provincia de Buenos Aires. Hasta fines del año 2019, Moreno no solo no era la excepción, sino una de las comunas que más sufría la problemática.  Nahuel Berguier, secretario de Justicia del distrito afirma que ya no se producen nuevas usurpaciones y a través de una mesa intersectorial se gestiona la resolución de las existentes. “No queremos que este tipo de conflictos se pierdan en entramados judiciales eternos, para eso realizamos mesas técnicas con los funcionarios judiciales, organismos de la Provincia y el Municipio para buscarle soluciones concretas que garanticen el conjunto de los derechos en juego. Porque sabemos que cuanto mas extienden estos conflictos en el tiempo mas se complican y perjudica derechos de todas las partes.”

En más de un año de gestión se desarticularon 180 tomas en el distrito, entre ellas, hay dos tomas grandes y conocidas que fueron desarticuladas sin violencia, y las familias fueron reubicadas: la del CIC La Bibiana y la del predio Don Bosco. Berguier explica a este medio que los “los conflictos fueron resueltos en un trabajo coordinado entre las diferentes áreas del municipio y la provincia de Buenos aires”. 

 

Con respecto a la solución del conflicto del predio Don Bosco, el secretario expone que “la relocalización se realizó a través de diferentes mecanismos de asistencia a las familias. En algunos casos asignándoles un lote, o distintos subsidios habitacionales que se articularon con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos, estos últimos permiten que, en alguna casa de familiar o conocido, puedan edificar o realizar diferentes reparaciones” y agregó, “los diferentes mecanismos se buscan a través de un trabajo muy profesional y dedicado de las trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que son quienes censan con las personas y evalúan las posibilidades.” 

  Por otro lado, se encuentra el conflicto de los predios de Lange Tesone, que tiene una orden de desalojo firme. De acuerdo a la información que consigna el funcionario, “es una toma que el municipio heredó, es decir, que está desde el 2019, pero el año pasado prácticamente no se pudo avanzar por una ley provincial que ponía límites a los desalojos por motivo de la pandemia”. Este año se reactivó, y tal como lo ordena el protocolo de la Corte Suprema sobre desalojos, se conformó una mesa de articulación provincial. Allí participan los organismos judiciales correspondientes, junto a los ministerios provinciales de justicia, de seguridad y de desarrollo social, junto al Municipio. 

  En esta mesa “se están buscando los mejores mecanismos para que los dueños de esos predios sean destituidos en sus derechos y buscando soluciones reales que no lleguen a situaciones de uso de la fuerza y la violencia que no queremos ver. También se evalúan distintos mecanismos que están previstos en las leyes de hábitat, tanto nacionales como judiciales, que le permitiría a los dueños de los terrenos no tener perdidas “, manifiesta Berguier. 

Se están buscando los mejores mecanismos para que los dueños de esos predios sean destituidos en sus derechos y buscando soluciones reales que no lleguen a situaciones de uso de la fuerza y la violencia que no queremos ver. También se evalúan distintos mecanismos que están previstos en las leyes de hábitat, tanto nacionales como judiciales, que le permitiría a los dueños de los terrenos no tener perdidas

  Por su parte, “el municipio –que es un actor más porque son temas judicializados y es la justicia quien toma las decisiones- está trabajando, colaborando, aportando propuestas, recursos técnicos y humanos, y está articulando también recursos materiales para poder darle una salida al conflicto” 

  En cuanto a los próximos pasos a seguir Berguier indica que están a la espera de las distintas resoluciones judiciales, y resalta, “esperamos que no se extiendan en el tiempo, porque eso lo único que logra es acrecentar el conflicto. Pretendemos una resolución concreta que pueda resolverse en lo práctico y en el expediente judicial.” 

Esperamos que no se extiendan en el tiempo por entramados burocráticos, porque eso lo único que logra es acrecentar el conflicto. Pretendemos una resolución concreta que pueda resolverse en lo práctico y en el expediente judicial.