El acceso a las viviendas es uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país en cada una de sus provincias, esta problemática se acrecentó con la pandemia y también llevó a que haya una gran cantidad de desalojos de viviendas particulares, y Moreno no está exento de esto.
Más de la mitad de las personas que viven en ciudades no acceden a alguno de los servicios públicos existentes, como pueden ser el agua, el gas de red o a los desagües cloacales, y a lo largo de los años desciende la cantidad de propietarios de una vivienda. Así son las condiciones de vida de los hogares, que publicó el Indec para un total de 31 aglomerados urbanos, donde viven 28,6 millones de personas.
En cuanto a los servicios públicos, hay 10,8 millones de personas que no acceden a gas en red y 9,6 millones de personas no acceden a desagües cloacales. El servicio público con mayor cobertura es el del agua, al que acceden el 89,9 por ciento de los hogares. Más de la mitad de las personas en las ciudades no acceden a algún servicio o red pública. Son 14,7 millones de personas.
Así es el caso de María Raquel, una vecina del barrio La Esperanza que la desalojaron por problemas de pagos de su vivienda a pesar de tener la intención de pagar y de haber edificado allí una casa donde vivía con sus hijos, el municipio no pudo actuar a tiempo ya que se lo notificó a último momento de lo que iba a ocurrir. Sobre este caso y sobre esta problemática a la que nos enfrentamos diariamente, Moreno Primero habló con Nahuel Berguier, secretario de Justicia y DDHH del municipio y con Jessica Brigandi, Coordinadora General de Casas de Justicia y Atención a Víctimas.
Nahuel Berguier, habló sobre el compromiso que tiene el municipio con este tipo de hechos y sobre la situación, tanto nacional como municipal de los desalojos y de la falta de acceso a la vivienda que hay.
Sobre la situación de los desalojos en el país, el funcionario, explicó: “En todo el país hay una situación muy compleja en materia de vivienda. De hecho en este momento, en el Congreso Nacional, se está discutiendo una reformulación de la ley de alquileres. Yo creo que la ley anterior es un texto muy bueno, favorable al inquilino, pero las debilidades estatales para el control, han hecho fallar los mecanismos de control”. Y añadió que debido a la situación económica actual, la situación empeoró aún más, Nahuel dijo: “Lo cierto es que la crisis económica, la irregularidad laboral que se profundizó en la pandemia, junto a la problemática de la inflación y la inestabilidad del dólar, generan muchas situaciones de falta de pago en alquileres y créditos privados de vivienda. La prohibición de desalojos en la primera etapa de la pandemia, puso límites. Pero hoy esa restricción ya no está”.
Por otra parte, Moreno se hace cargo de estas situaciones y explica que ”en este contexto, hay que señalar que tenemos un Municipio fuertemente comprometido con la generación de planes de vivienda, y con la recuperación de suelo urbano vacante”.
Con respecto a la situación de estos desalojos en Moreno, Berguier explica: “Moreno está inmerso en esta situación que se presenta a nivel provincial y nacional. El Municipio ha tenido por un lado una fuerte política de impedir las tomas masivas, trabajar en el momento junto con el iduar, las fiscalías y el Ministerio de Seguridad, para que no haya ninguna situación violenta, mediar los conflictos; pero también impedir nuevas tomas que sabemos no son la solución”.
También nos explicó que no deben ser tomados todos los casos por igual, y que gran parte del trabajo que realiza el municipio es en tratar a todos de manera personal y profunda, sobre esto, comentó: “A su vez tenemos los conflictos individuales, de órdenes de desalojo en lotes familiares, que generalmente tramitan en sede civil. Tenemos una articulación con los juzgados civiles muy importante, como nunca hubo; permanentemente, todas las semanas, se presentan situaciones de estas características”. Y agregó: “Buscamos soluciones según los casos, no son todos iguales. Se intenta mediar para que se otorguen más plazos a las familias; para encontrar soluciones alternativas. Se presentan escritos y se dialoga con la justicia, nos involucramos como Estado municipal. Y no nos quedamos en el denuncismo, para estar cómodos nosotros. Nos involucramos en encontrar soluciones, que no siempre son fáciles porque obviamente hay derechos en pugna y hay una jurisdicción judicial que resuelve”, finalizó el funcionario.
Además habló del rol que tiene el IDUAR en estos casos, y dijo que ”hay veces que los accionantes quieren los terrenos para hacer emprendimientos, ahí intentamos operar con opciones que brinda la ley de hábitat, que es una ley muy buena que tiene la Provincia. El IDUAR también siempre está activo, buscando soluciones. Hay una tarea muy grande de reordenamiento del suelo urbano”, finalizó.
Sobre el caso específico de María Raquel, el secretario de Justicia y DDHH del municipio, comentó: “Es una causa que tramitó en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un contrato que se firmó en ese ámbito. Eso dificultó aún más la intervención como Municipio. Apenas tomamos conocimiento estuvimos activos, hubo un gran trabajo de las y los funcionarios municipales, que estuvieron activos los días previos y el mismo día del desalojo, en el lugar de los hechos, intentando mediar para que no se produjera el lanzamiento. Igualmente también la familia tiene una abogada, en esos casos somos también muy respetuosos de las decisiones de la representación letrada”.
Jessica Brigandi: “: “Tomamos intervención desde la Secretaría de Justicia y DDHH, entendiendo que había una urgencia por garantizar el derecho a la vivienda digna”
Jessica estuvo en el lugar de los hechos y nos brindó detalles sobre lo ocurrido. Sobre cuándo el municipio tomó conocimiento de lo que ocurría y su reacción, contó: “Tomamos conocimiento hace muy pocos días, muy cerca de la fecha del desalojo, nos llegó el tema a través del CELS. Lamentablemente no tomamos conocimiento antes pero de forma inmediata nos pusimos a trabajar coordinando tanto con la abogada patrocinante de María Raquel, Dra. Favilia, como con el CELS y con otras áreas municipales como Desarrollo Comunitario”.
El municipio se enteró y comenzó a actuar para que esto no suceda, cuidar a cada vecino y a cada vecina es uno de los ejes centrales de la gestión, pero el poco tiempo de notificación de los hechos hizo que poco se pueda hacer, a pesar de que todavía no es un caso perdido y se intentará que María Raquel recupere su hogar. “Tomamos intervención desde la Secretaría de Justicia y DDHH acompañando a la familia de María Raquel con su abogada, entendiendo que había una urgencia por garantizar el derecho a la vivienda digna prevista en nuestra Constitución y en numerosos tratados de Derechos Humanos, considerando que en dicha casa vivían 13 personas, 7 de las cuales eran menores”, aclaró Jessica. Y, agregó que ”en ese tenor hicimos una presentación en el expediente judicial apoyando el pedido de su abogada, solicitando un plazo de gracia para continuar y acompañar las negociaciones y llegar a un acuerdo que evite el desalojo. Lamentablemente ese pedido no tuvo acogida favorable en el juzgado. Nos mantuvimos en contacto permanentemente durante estos días con María Raquel como con su abogada, acompañando las negociaciones de la letrada con la inmobiliaria que solicitó el lanzamiento”.
Finalizando, Jessica explica que el municipio sí quiso acompañar en el momento a María Raquel y a toda su familia, que son unas nuevas víctimas de la gran crisis económica que vive el país y que profundizó la pandemia, la funcionaria, explicó: “El mismo día del desalojo, también nos hicimos presentes con un equipo de la Secretaría en el territorio. Sabemos que estas situaciones suceden con frecuencia en el municipio, con loteos y planes de pago que no se pudieron seguir pagando dado el parate económico generado por la pandemia, por ello, invitamos a quienes estén transitando una situación de estas, puedan acercarse a nuestra Secretaría para poder intervenir en pos de garantizar el acceso a la justicia y una negociación en equidad de condiciones”.
Por último, expresó: “Desde ya que seguimos acompañando la situación, en contacto permanente con María Raquel y su abogada. Estamos al tanto de donde se están quedando por estos días, y también, trabajando junto con su letrada la continuidad de las negociaciones con la inmobiliaria para intentar que puedan recuperar su casa”.