En el mes de julio hubo más de 40 allanamientos a comedores populares y viviendas de militantes en diferentes provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Movimiento Evita, denunciaron ataque y un “intento de incendio” de dos locales en la provincia del Chaco. En agosto, recrudeció a tal punto que secuestraron a un militante del MTE en Jujuy. Los Movimientos Sociales denunciaron el accionar de la justicia por acción y omisión, en articulación con los medios hegemónicos de comunicación con un solo fin: una campaña de deslegitimación de la cual vienen siendo objeto, y que atenta contra la convivencia democrática en Argentina.
A principios del mes de julio hubo más de 40 allanamientos a comedores populares y viviendas de militantes barriales en Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Provincia, Chubut y Santa Fe, con ingresos violentos y escuchas a los militantes.
Las organizaciones sociales se juntaron en el Congreso nacional para repudiar la campaña de deslegitimación de la que vienen siendo objeto. En esa secuencia judicial, sumaron también la judialización del Polo Obrero, la citación judicial a un referente del Movimiento Evita en Las Toscas, Santa Fe, y la reactivación de una causa en Chubut contra varias organizaciones. La escalada judicial, denunciaron, se articula con el accionar de los medios hegemónicos
De la conferencia participaron referentes del Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru; UTEP (Unión de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular).
El jueves 21 de julio, las organizaciones sociales nucleadas en lo que se denomina el tridente Cayetano realizaron una movilización a los tribunales de justicia en repudio a la persecución judicial de la que son víctimas.
Al respecto, la responsable del Movimiento Evita Moreno, Mirna Coronel reflexionó: “Es muy importante brindar el apoyo a las organizaciones sociales que hoy están siendo perseguidas por la justicia, a las que se le están inventando causas, persiguiendo por el solo hecho de estar luchando por los que menos tienen” y continuó diciendo que “la movilización a tribunales del día 21 de julio es una forma de decirle a la justicia que si nos tocan a uno nos tocan a todos y eso no es solo una frase para quedar bien, sino que las organizaciones nos hermanamos ante estos hechos atroces”.
Lejos de cesar la persecución luego de la movilización, se profundizó. Una semana después del 21 de julio, el Movimiento Evita denunció el ataque e “intento de incendios” en dos locales de la organización en las ciudades de Resistencia, el 27 de julio, y Puerto Vilelas, el 28 de julio, en provincia del Chaco.
En el mes de agosto, la persecución recrudeció. El jueves 4, se registró un hecho muy grave en la provincia de Jujuy. Un referente del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos) fue secuestrado y estuvo cautivo por más de 10 horas. El encargado de prensa del MTE caminaba por colectora de la Ruta 66, cerca de las 11 horas se frenó un vehículo y, a los gritos de “policía, policía”, fue encapuchado y le ataron las manos por detrás. Luego de eso, estuvo encerrado en un lugar sin luz donde permaneció allí hasta cerca de las 20 horas, y a esa hora se lo llevaron, también encapuchado, al mismo lugar donde había sido secuestrado. No lo lastimaron, pero le incautaron el chip de su celular.
El comunicado publicado por el MTE denuncia además que «este episodio sucede en medio de un contexto provincial de criminalización a organizaciones sociales y frente a la avanzada de sectores del poder provincial por armado de causas con la excusa de ser asociaciones ilícitas».
La abogada de las organizaciones sociales, Alejandra Cejas, denunció ante el hecho que “la justicia no hace nada”. Además, expresó que «ese jueves habían querido allanar una de las sedes del Movimiento Evita, salíamos de la comisaría 6ª y nos llaman por esto. Tenemos a la policía respirándonos en la espalda, es una situación de hostigamiento, Jujuy es complicado«.
La persecución va en escalada, primero allanamientos, luego ataques violentos y, ahora, hasta el secuestro de un militante. La Justicia es acusada como la principal responsable, por acción o por omisión, de los diferentes hechos. En medio de la crisis económica, los Movimientos Sociales sufren una persecución que recuerda a épocas oscuras de nuestro país y preocupa la convivencia democrática.
