El Oficialismo busca crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A su vez, empodera la decisión de los guardaparques en el área.
Según una ordenanza del mes de septiembre del año 2019, se declara área natural protegida Dique Ingeniero Roggero, al área comprendida por la Reserva Municipal Los Robles, Ribera del Río Reconquista, Ribera Cañada Bajo Hondo, área de cavas paralela al terraplén, Perilago del Lago San Francisco y el área de Museo Natural Francisco Muñiz.
El concejal Lucas Franco explicó, en diálogo con Moreno Primero, que la autoridad de aplicación según la ordenanza “es el Cuerpo de Guardaparques, dentro de la Secretaría de Seguridad”. En este sentido, sostiene que “lo que estamos planteando ahora es crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible de Moreno que, por primera vez en la historia, va a tener rango de secretaría” y continúa, “por lo tanto, el área protegida va a pasar ahora a la órbita de la Secretaría de Ambiente, quien va a ser la autoridad de aplicación”.
El establecimiento de modificaciones en la ordenanza no estuvo exento de confusiones y polémicas. Por un lado, vecinos y vecinas proteccionistas y ecologistas plantearon la preocupación por el apartado de los Guardaparques de la toma de decisiones.
Sin embargo, lo que se propone es la modificación de los integrantes de la comisión establecida por la ordenanza del año 2019 donde había 12 concejales y se reduce su cantidad a 6. De acuerdo a una lógica proporcional, se estaría empoderando a los Guardaparques.
Tal como lo explica el concejal Franco, “Para el establecimiento de un reglamento de la comisión se necesita la aprobación del 51% de esta comisión. Por lo tanto, si se reduce el número de concejales y se mantiene el número de Guardaparques, tienen más influencia de la que tenían en la comisión anterior.”
Por otro lado, en la ordenanza se plantea que “esta evaluación se llevará a cargo mediante informes de impacto ambiental que se presentarán oportunamente con la debida anticipación. A los efectos de la realización de estas tareas de investigación, se podrá convocar a universidades, institutos u organizaciones con experiencia en el tema”.
Ante la extracción del texto se plantearon dudas sobre la posibilidad de ya no contar con estudios de impacto ambiental en el área protegida. Sin embargo, Lucas Franco señaló que “esto no queda en la redacción de la modificación porque es redundante” y desarrolla, “Los estudios de impacto ambiental no se hacen por ordenanza, sino que están reglamentados por leyes nacionales y provinciales, es un agregado que le pusieron a la ordenanza”. No obstante, explica que “como eso generó polémica, en la sesión vamos a agregarlo nuevamente”.
La modificación de la ordenanza se vota el lunes 30 de noviembre en el Honorable Concejo Deliberante, debido a la suspensión de la sesión establecida para el jueves 26 de noviembre.
