El jueves 15 de abril el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, estableció una serie de medidas para hacerle frente a la nueva ola de coronavirus que golpea al mundo. Entre estas se encuentra la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, expresó su disconformidad con la decisión y expresó que “Las medidas eran inconsultas. Lo que es inexplicable que haya sido así, más cuando veníamos teniendo reuniones constantes durante los últimos días para hablar de qué medidas podíamos tomar para frenar la suba de casos”. Por lo que presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare institucional esa parte del DNU.
Desde esa presentación a esta parte, se sucedieron diversas resoluciones judiciales de distintas jurisdicciones, entre ellas la sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó que se garantizaran las clases presenciales. Lo que le permitió a Rodríguez Larreta continuar con la presencialidad hasta que la Corte resolviera.
El día de ayer, el máximo tribunal respaldó el reclamo del Gobierno de la Ciudad resolviendo por unanimidad de los 4 jueces que votaron (Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) que el Gobierno Nacional violó la autonomía porteña al suspender las clases presenciales en las escuelas. En el mismo se señaló que, según la Constitución, las explicaciones dadas por el Gobierno Nacional no alcanzan para tomar una medida tan drástica.
El fallo retomó, a su vez, que la Corte a través de la jurisprudencia reconoció que la Ciudad de Buenos Aires tiene un “puesto equiparable al de las provincias” y el “mismo derecho a la competencia originaria de esta Corte.” En este sentido, señaló que el Estado Nacional puede regular la educación en algunos aspectos, pero que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de los ciudadanos para su bienestar.
El voto de la Corte sostiene además que las explicaciones dadas por el Ejecutivo Nacional sobre el uso del transporte público, la circulación masiva en el AMBA y el aumento de casos en menores de edad, no alcanza para justificar el ejercicio de una “competencia sanitaria federal”.
El Gobierno Nacional respondió al fallo con un comunicado firmado por el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, donde señaló que la sentencia tiene “consideraciones indicativas” sobre un DNU que ya no tiene vigencia y que fue reemplazado por el DNU 287/2021 que adopta otros parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos. Finalmente, adelantó que enviarán al Congreso una Ley marco para “regular la gestión de esta gravísima pandemia”.