Los delincuentes escaparon con el botín. Se siguió el rastro desde el Centro de Monitoreo municipal, y luego, desde centros de monitoreos de distritos aledaños. En articulación con la Comisaría Nº 5 de Paso del Rey y la Jefatura Departamental de Moreno, lograron recuperar la mercadería sustraída, incautaron armas, y detuvieron a 10 sospechosos.
El día sábado 7 de enero, en horas tempranas, un grupo de delincuentes cometen un robo a mano armada en una curtiembre de la localidad de Paso del Rey.
Luego de reducir al personal, se llevaron una carga de millones de dólares que estaba destinada a la exportación.
El Centro de Monitoreo del Municipio de Moreno fue clave para el seguimiento de los malhechores con el botín robado.
Gracias a la tarea de la Comisaría Nº 5 de Paso del Rey y la Jefatura Departamental de Moreno, en articulación con el Centro de Monitoreo municipal y los Centros de Monitoreo de distritos aledaños, se logró la detención de 10 sospechosos de cometer el hecho, incautaron armas, y recuperaron la mercadería sustraída, todo en menos de 24 horas.
La investigación y los diversos allanamientos en las localidades de Tres de Febrero y Avellaneda estuvieron a cargo de la UFI Nº1 del Dr. Ventricelli.
El policía Walter Fernández es cabo del área de investigaciones de PFA, es oriundo de la ciudad de William Morris, y se encontraba de civil junto a su familia en la localidad de La Reja, aparentemente para pasar allí la noche de año nuevo. Estaba fuera de servicio pero portaba su arma reglamentaria, y en medio de una discusión con jóvenes, vecinos de la localidad, le disparó por la espalda a uno de ellos quien lamentablemente perdió la vida.
Germán Arturi, de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, destacó: «El municipio puso a disposición de inmediato las cámaras de seguridad municipales, que son una prueba clara. Ahí se observa el accionar criminal e injustificable»
La UFI 8 fiscal Gabriel López interviene en el caso, el policía se encuentra detenido y fue indagado el sábado por la tarde.
En el conflicto intervino el comando de patrullas del 911, advertido de la existencia de un conflicto vecinal. Sin embargo, ante el accionar intempestivo del policía federal que sacó su arma y disparó, no se pudo evitar el desenlace del lamentable hecho.
Apenas ocurrido, el agresor fue reducido y detenido por el mismo comando de patrullas.
Cabe destacar que el implicado es un agente de la policía federal, que se encontraba junto a su familia fuera de su horario de trabajo y en un territorio donde no cumple funciones de ningún tipo, por lo cual no habría ningún argumento o justificativo posible para su accionar vinculado a su condición de miembro de las fuerzas, lo cual al igual que muchos otros casos de gatillo fácil nos remite a una discusión fundamental que no solo se pone sobre la mesa cada vez que hay un caso de violencia institucional en nuestro país, sino en muchos otros lugares del mundo que tiene que ver con el «estado policial»: ¿es correcto que los policías porten armas fuera de su horario de trabajo?. ¿Dónde comienzan y terminan las facultades de un agente?. El ser policía ¿es acaso una condición constante o debe pensarse como un trabajo más con comienzo y fin de jornada? Estos y muchos otros interrogantes son necesarios poner sobre la mesa para no seguir lamentablemente este tipo de acciones, y vidas perdidas.
«Estamos acompañando a la familia de Agustín desde el primer momento; la prueba está y velaremos para que pronto la causa sea elevada a juicio y se haga justicia«, manifestó Arturi, quien destacó también que la familia fue recibida por la fiscalía, conforme los criterios de la Ley Nacional de Víctimas.
Gabriel Mastrangelo es un joven de 26 años, militante del Movimiento Evita, que entrena a los pibes del barrio en la Escuela de Fútbol Diego Armando Maradona. Cuando se dirigía a la casa de su tía, en el barrio de Balvanera, el oficial Garro le disparó tres tiros por la espalda. Uno le entró por la cintura, y los otros dos pegaron en la moto. Hoy lucha por su vida y continúa internado.
El día que le dispararon, no se detuvo frente a una voz de alto, porque como explican sus compañeros: “Ya sabemos cómo nos trata la policía acá”. Tuvo miedo, como la mayoría de los pibes en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que saben de la gran cantidad de casos de gatillo fácil y violencia policial que ocurre en la ciudad más rica del país.
El pedido de Justicia por Diego formó parte de las consignas y reclamos en la Marcha de la Gorra que se realizó hoy en CABA, Córdoba, y Mar del Plata, como todos los 29 de noviembre, es esta oportunidad bajo la consigna principal: “No somos descartables. Ni palos ni represión. Para les pibis, Trabajo, Salud y Educación”. De la misma participaron movimientos sociales, referentes de los Derechos Humanos, y organizaciones políticas.
Los datos arrojan que más de la mitad de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado son jóvenes de entre 15 y 25 años. Asimismo, en cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, denuncian que entre el 1 de enero de 2017 y julio de 2022, la policía de la Ciudad cometió 121 crímenes de gatillo fácil, de los cuales 38 ocurrieron en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el comunicado de las organizaciones que se movilizaron hoy: “En lo que va de 2022, hubo 13 intervenciones letales de la policía de la Ciudad, 12 fueron en el Conurbano”, dice el comunicado. Y sigue: “La mayoría de los casos de gatillo fácil a manos de la policía de la Ciudad ocurren en la provincia de Buenos Aires, cuando lxs agentes están fuera de servicio. Esto responde al estado policial, es decir, que aún fuera de servicio, la policía tiene el deber de intervenir ante delitos y puede usar su arma reglamentaria. La mayoría de lxs agentes viven en la provincia y no en la Capital”.
Por este motivo una de las principales demandas de la marcha es la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil.
Con respecto al caso de Diego, filmaciones de distintas cámaras de seguridad muestran cómo luego de dispararle, efectivos de la policía de la Ciudad golpearon al joven en el piso. Por otro lado, su familia denunció amenazas que recibieron por parte de policías de civil en el hospital donde se encuentra internado Diego, para evitar que denuncien el hecho.
