Moreno: se conformó la Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual Infantil  

La mesa tiene el objetivo de trabajar específicamente en torno a los casos de abuso sexual donde, tanto las víctimas, como también quienes los cometen son niños y niñas. La coordinadora general de la Secretaría de Justicia y DDHH de Moreno, Jesica Brigandi, explicó a Moreno Primero que, si bien no hay persecución penal: “lo que queremos es dar una respuesta en conjunto entre la justicia y el poder ejecutivo a estas familias y a estas personas. Si estas causas no llegan a ningún lado porque no hay persecución penal posible, las familias presienten que nadie los escuchó, y el derecho a ser oído es una garantía constitucional para las víctimas y para todos los justiciables”. 

Desde la Secretaría de Justicia y DDHH, junto con la fiscalía general Departamental llevaron adelante un encuentro de trabajo que convocó a diferentes dependencias del Poder judicial y del Poder Ejecutivo a nivel local ante la alarma y la preocupación por los casos de abuso sexual donde tanto las víctimas como también quienes los cometen son niños y niñas.  

Desde Moreno Primero dialogamos con la Coordinadora General de la Secretaría de Justicia y DDHH de Moreno, Jesica Brigandi, quien explicó que “la ley de responsabilidad penal juvenil establece que los menores de edad son punibles a partir de los 16 años y para determinados tipos de delitos”, y por tanto: “lo que nos preocupaba a la Secretaría de Justicia, y a la fiscalía general departamental, a cargo del Dr. Lucas Oyhanarte, era una cantidad creciente de casos de abusos sexuales cometidos por menores de 16 años, desde los 15 hasta los 10 años incluso”.  

A la fiscalía de responsabilidad penal juvenil ingresaron una cantidad importante de causas: “tenían entre 2022 y el primer semestre de 2023, aproximadamente 350 causas archivadas con estas características, por mecanismos que la ley permite, por la edad de quien habrían cometido los hechos”, detalló Brigandi, y añadió que “es importante destacar que tanto la fiscalía como las áreas ejecutivas municipales vemos en los niños, niñas, adolescentes, víctimas de los dos lados porque no podemos culpabilizar ni perseguir a un niño menor de 16 años desde lo subjetivo, más allá del reproche punitivo”. 

Si bien no hay una persecución penal: “lo que queremos es dar una respuesta en conjunto entre la justicia y el poder ejecutivo a estas familias y estas personas”. Por tanto, pusieron un equipo específico para ver cuáles eran las de mayor gravedad para desarchivar.  

“Ya se firmó la resolución del desarchivo de las causas graves, que son aproximadamente 40, y a partir de estas, veremos en la mesa que hacemos en estos casos y se fijarán parámetros a futuro, es decir, cuando ingrese a fiscalía una denuncia por un abuso de una o un menor de 16 años, más allá de que no se continúe una persecución penal, trabajamos en conjunto con estas niñeces afectadas y vulneradas”, especificó Brigandi.  

Con la puesta en funcionamiento la mesa, no sólo delinearon líneas de trabajo, sino que pusieron en conocimiento a todos los actores, siendo convocados la Asesoría de incapaces, “quienes representan a niños y niñas”; el juzgado de garantías de responsabilidad penal juvenil, “porque si bien no habría una prohibición penal, sí la ley habilita a tomar, en ciertos casos, medidas de seguridad, por ejemplo, si el presunto niño que cometió el hecho y la víctima viven cerca”; Mirta Guarino, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven Nº1, la subsecretaría de niñez, el programa de Prevención de Violencia Familiar (PREVI), la Dirección de Salud Mental; y el secretario de Salud, Juan Varani; quienes participaron junto al área de jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal que pertenece a la Secretaría de Justicia y DDHH, y al área de asistencia a víctimas de la fiscalía general.  

A principios del mes de febrero comenzarán a trabajar con las 40 causas de mayor gravedad, para ello, “se convocará a las familias, se cruzarán datos, se verá si ya habían ingresado por el PREVI o por el servicio local y habían tenido algún trabajo, se dará contención y abordaje a esas situaciones y familias”, precisó. Esto, porque “si estas causas no llegan a ningún lado porque no hay persecución penal posible, presienten que nadie los escuchó, y el derecho a ser oído es una garantía constitucional para las víctimas y para todos los justiciables”. Por lo tanto, finalizó, “lo que se busca con esto es que, con una detección temprana, evitar la repetición, porque como no hay respuesta de parte del Estado puede pasar que la situación se sigue prolongando en el tiempo”.