Las Casas de Justicia de Moreno: la democratización del saber jurídico, y los números que cierran con la gente adentro
El Gobierno nacional desmantela los Centros de Acceso a la Justicia. El Municipio de Moreno, que lleva adelante las Casas de Justicia, es la contracara de las políticas impulsadas por Milei. La coordinadora de las Casas de Justicia de Moreno, Clara de Paula, explica de qué se trata esta política pública, su alcance, su importancia, y compara: “hay dos paradigmas que entran en juego, uno es el que propone el Estado local desde la conducción de Mariel Fernández, de dispositivos de cercanía, de estar cerca de los problemas de la gente, de democratizar el saber jurídico y el otro es un paradigma de lejanía, de desregularización, de digitalización donde todo está cada vez más lejos, y cuando eso sucede, conoce cada vez menos las realidades de nuestros vecinos y vecinas, de las personas que somos parte de este pueblo.”
En el año 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, nació en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una nueva política pública. Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), se desplegaron a lo largo y ancho del país, con equipos profesionales interdisciplinarios del Ministerio y diversos organismos del Estado. Estos Centros buscan acercar a vastos sectores a un estado de derecho, acompañando, a través del asesoramiento, derivación y mediación, la resolución de conflictos a personas que por diferentes motivos no pueden resolver situaciones que implican una intervención estatal. Su mayor éxito e impacto se dio en los barrios de sectores populares de todo el país donde las personas tienen un contacto difuso, esporádico y ajeno al sistema judicial.
Para el Gobierno de Javier Milei, los CAJ son un gasto. Por ello, el 10 de junio del 2024, el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 178/2024 que busca reducir las capacidades de una política que se orienta a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de la población. La resolución se excusa en un «sustancial gasto total anual» que implicaría sostener esta política pública, y propone brindar los servicios de forma totalmente digital. Esta medida cobra relevancia en un contexto político y económico de desregulación, de pérdida de derechos esenciales, y de miles de trabajadores despedidos, entre ellos trabajadores de los CAJ, frente al brutal ajuste que implementa el Gobierno Nacional desde el mes de diciembre del 2023.
El Municipio de Moreno es la contracara de la política que lleva adelante la gestión de la Libertad Avanza. En la ciudad funcionan las Casa de Justicia que fueron implementadas en octubre de 2021 con la intención de descentralizar el trabajo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y fortalecer a las delegaciones municipales que trabajan en cada localidad del distrito. Achicar la escala de observación y describir ampliamente el trabajo que se realiza en las Casas de Justicia permite rescatar la importancia del despliegue territorial del Estado y las dificultades que presentaría reemplazar los CAJ por medios tecnológicos. A su vez, esta política pública da cuenta que el énfasis del Gobierno Nacional puesto en el presupuesto no considera los alcances y potencialidades que pueden alcanzar las Casa de Justicia a nivel local y los CAJ a nivel nacional.
Para ello, desde Moreno Primero conversamos con la coordinadora general de las Casas de Justicia de Moreno, Clara De Paula, quien explicó que esta política “va en línea con el proyecto general de la actual gestión, que busca poner en marcha todos los mecanismos posibles para que el Estado esté presente en las comunidades”. En ese sentido, sostuvo: “Es objetivo de las Casas de Justicia proporcionar asesoramiento jurídico integral y asistencia a víctimas, además de desplegar todas las áreas de la Secretaría de Justicia y DDHH en estos centros, brindando información básica sobre los derechos, informando procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la Justicia, fundamentalmente de las personas en condición de vulnerabilidad”.
“El acompañamiento – a través de apoyo jurídico, orientación administrativa, acompañamiento psicológico -, implica un abordaje multidimensional y multiagencial para el cual se trabaja con profesionales, operadoras y operadores con formación integral y conocimiento del territorio, junto con la articulación de otras áreas municipales y provinciales”, especifica y añade que “a lo largo de estos 3 años de trabajo en las 6 localidades del distrito, el abordaje integral de las conflictividades por parte del equipo de Casas permite llegar a cada vez más vecinos y vecinas para que puedan acceder a sus derechos”.
Incluso, n acompañamiento importante a familias vulneradas se realizaba en articulación entre las Casas de Justicia y los CAJ. Desde la Secretaría de Justicia debieron buscar otras formas de garantizar su continuidad:: «en 2023 se llevaron adelante más de 100 patrocinios jurídicos gratuitos en relación a la Responsabilidad Parental a través de un Convenio con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y DDHH de Nación. Durante 2024 luego de que este Programa fuera dado de baja por el actual gobierno nacional, se impulsan estos patrocinios gratuitos a través de un convenio entre el Municipio y el Colegio de Abogados de Moreno-Gral. Rodríguez».
Cuando uno entra a una Casa de Justicia entra a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos: Las Casas de Justicia son centros de atención gratuitos que brindan información sobre tramites, asesoramiento y atención comunitaria, además de brindar asistencia en casos de conflictos vecinales, violencia familiar, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos laborales y de la seguridad social, derechos del consumidor, derechos humanos, mediaciones comunitarias, entre otras. Además, en estos dispositivos se podrá denunciar violencia de las fuerzas institucionales, informarte sobre el avance de una denuncia en curso, recibir asesoramiento sobre cuota alimentaria, tramitar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), tramitar tu radicación o informarte sobre deuda de servicios. Incluso, a través de un convenio con el colegio de Abogados de Moreno-Gral. Rodríguez se articulan patrocinios jurídicos gratuitos para determinadas situaciones, y hasta se realizan mesas de trabajo con diversas áreas municipales a partir de conflictos complejos que llegan a dichas casas.
Así, las Casas de Justicia se presentan tan necesarias como los CAJ para distintos puntos del país con población muy vulnerable social y jurídicamente. “Lo que está detrás de pensar que son insostenibles económicamente es pensar que los números tienen que cerrar sin importarnos las personas que estamos dentro de esos números” critica De Paula y compara, “nosotros creemos que un Estado tiene que ser garante de derechos y que los números tienen que cerrar con las personas adentro, con personas que tienen que poder tener herramientas, mecanismos y dispositivos que estén en pos de construir una sociedad más justa y más igualitaria”.
Por otra parte, la propuesta de nación de reordenar esta política en servicios digitales, demostró que “hay un desconocimiento por parte del Estado nacional de las características de la población más vulnerable, donde el acceso y el vínculo a dispositivos digitales no es tan sencillo, y para eso muchas veces se necesita poder acompañar y asesorar. Por eso mismo no hay como el encuentro cara a cara, no hay como una entrevista empática, de escucha profunda de persona a persona, que es irremplazable. Es en esas entrevistas que tenemos desde nuestros equipos interdisciplinarios de Casa de Justicia donde podemos conocer mejor a la persona, la problemática y pensar estrategias de intervención más integrales”. Más aún, la propuesta de resolver trámites digitalmente “es una idea de achicar el estado, de correrse, de pensar que las personas lo puedan resolver de manera individual y nosotros construimos estos dispositivos de acceso a la justicia –que es lo que finalmente son las Casas- en pos de entender que el rol del Estado debe ser el de garantizar derechos”.
En este sentido, la coordinadora de las Casa de Justicia manifestó: “repudiamos este achicamiento y corrimiento del Estado Nacional de estos dispositivos que achican la brecha en esa desigualdad jurídica porque nos parece grave el desfinanciamiento de estos dispositivos y nos parece que apunta a esta idea desde la cual vienen gobernando desde hace medio año, que es un Estado que se corre, que se achica, que se desregula, y cuando eso pasa, hay personas que quedan más afuera de lo que ya estaban en el marco del acceso a derechos”.
En concreto, “hay dos paradigmas que entran en juego, uno es el que propone el Estado local desde la conducción de Mariel Fernández de dispositivos de cercanía, de estar cerca de los problemas de la gente, de democratizar el saber jurídico, y el otro es un paradigma de lejanía, de desregularización, de digitalización donde todo está cada vez más lejos, y cuando uno está más lejos, conoce cada vez menos las realidades de nuestros vecinos y vecinas, de las personas que somos parte de este pueblo”, concluyó Clara De Paula.