La Provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos presentó este martes un recurso extraordinario federal, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revoque la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que consideró que las torturas infligidas por militares argentinos a jóvenes conscriptos durante el conflicto bélico se encuentran prescriptas.
En el pedido de impugnación la querella provincial remarca las responsabilidades internacionales del Estado en el juzgamiento de graves violaciones a los Derechos Humanos, reclama a la Corte “una decisión sobre la cuestión de fondo con sustento en la ausencia de una sentencia definitiva” y realizar el juicio oral.
La presentación ante la Corte fue realizada a través de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, a cargo de Martín Fiorenza, y su Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Verónica Bogliano, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Matías Facundo Moreno.
El reclamo a la CSJN solicita revertir el fallo de la Sala I que con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña -la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia- hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las Islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado. El fundamento del fallo es un precedente del año 2009 al que consideró, de forma arbitraria e infundada, análogo.
La causa por las torturas en Malvinas investiga hechos (estaqueamientos, lesiones, torturas y otras degradaciones) ejecutados hace 39 años. El expediente lleva 14 años de trámite, y de quedar firme lo resuelto por la Sala I de Casación, se configuraría la impunidad de sus responsables.
En el escrito presentado este martes a la Corte, la querella de la Subsecretaría sostuvo la responsabilidad internacional del Estado argentino en el juzgamiento de graves violaciones a los Derechos Humanos. La querella indicó que “los crímenes investigados están efectivamente alcanzados por la categoría de crímenes contra la humanidad del derecho penal internacional, y por otra parte, se dieron acabados motivos para considerar que los delitos en cuestión constituyen delitos de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos y que, en ese carácter, el Estado argentino se comprometió internacionalmente a no oponer razones de orden interno que obstaculicen una seria investigación a su respecto”.
Asimismo se remarcó a los magistrados que “es imprescindible señalar que el fallo que se impugna, tampoco ha tenido en cuenta las conclusiones del Informe Rattenbach ni de los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra de Malvinas, que fueron incorporados a la causa con posterioridad al fallo de Casación en el caso ‘Taranto’”.
En ese sentido remarcó que es imposible escindir los crímenes cometidos contra los soldados conscriptos por los que se busca justicia en Malvinas “de lo que fue la maquinaria del terrorismo de Estado en el continente”.
“El gobierno dictatorial que dirigió el plan de persecución y exterminio contra la población argentina fue también el que decidió, improvisada y precipitadamente, la recuperación de las Islas para generar un consenso en la sociedad que les permitiera continuar con el mismo plan”, indica el recurso enviado a la Corte. Y sigue: “La aplicación de tormentos a la tropa resultó, entonces, la represión ilegal con la que las autoridades militares hicieron frente a los actos desesperados con los que los conscriptos —verdaderas víctimas de la hambruna— reaccionaron para mitigar tal penuria”.
Para la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires “lo resuelto por la Sala I, no solo reviste gravedad institucional con miras a la debida preservación del imperio constitucional, convencional y del derecho internacional de los derechos humanos, sino que las cuestiones que se ventilan en esta causa superan los intereses de los partícipes, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera en sus valores más sustanciales y profundos”.
Los hechos que investiga la causa no solo constituyen una afrenta a la vida, la integridad física, psíquica y emocional y por ende, a la dignidad de los soldados, sino que además implican uno de los hechos más relevantes de nuestra historia contemporánea: el conflicto bélico de 1982.
Es por ello que la Subsecretaría solicitó a la Corte promover el avance de las actuaciones a los efectos de que éstas culminen “en la sustanciación de un juicio oral y público celebrado ante un Tribunal Oral”.