La ordenanza que se trató en marzo del 2018 busca regular la venta en el espacio público. La misma, presenta un ordenamiento del espacio en beneficio de los comerciantes con puestos fijos, que desde la gestión actual se propusieron revisar teniendo en cuenta sus objetivos claves: fortalecer el estado y construir comunidad.  

   Para satisfacer necesidades en sentido comunitario, es que aparece fuertemente el concepto de economía popular, y es desde este concepto que se pretende revisar la ordenanza que regula la venta en el espacio público.   

   Así, se incorpora a los requisitos que los postulantes deberán inscribirse en el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular. Esto los reconoce, formaliza y garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Ser parte del mismo les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera. 

 Se establece, además, que un 20 por ciento de la mercadería que se comercialice tiene que ser de producción local.  El fomento de la producción local tiene por objeto mejorar las capacidades productivas de un municipio históricamente postergado con el fin de mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. 

   Por otro lado, los habilitados y/o permitidos a trabajar, según la nueva propuesta de ordenanza, deberán pagar 3.000 pesos mensuales, siendo recaudados por el Instituto Nacional de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y destinado a la mejora de la economía popular.  

  Más aún, la ordenanza que rige hoy en día, regula el espacio de los puestos fijos en relación a los locales de venta al público y a domicilios particulares, mientras que el proyecto de ordenanza establece una regulación del espacio todavía más abarcativa:  

• La ubicación en el lugar o zona será determinada por la Autoridad de Aplicación.  
• No dificultar el paso de personas ni visión vehicular.  
• No formar aglomeraciones de personas.  
• No instalarse en sitios destinados al ascenso y descenso de transportes de pasajeros, frente al acceso de reparticiones públicas, entidades bancarias, educativas, salas de espectáculo público, hospitales, sanatorios, garajes, templos de cualquier culto reconocido y espacios debidamente reservados para el uso de personas con capacidades diferentes.  

  Este reordenamiento responde a una necesidad en Moreno de ordenar el espacio público para convertir al centro en un área de circulación tranquila. Para esto, es necesaria una reubicación de los puestos fijos por fuera de las calles del centro de la ciudad y sus alrededores. 

   El mayor desafío que enfrenta la actual gestión se presenta en las continuidades entre la ordenanza caduca y el nuevo proyecto de ordenanza. En este sentido, el IMDEL entregará permisos de acuerdo a la situación socioeconómica de los postulantes, y estos permisos serán intransferibles. Deberá ser el ente regulador quien asegure que los empresarios de la calle no tengan más de un puesto fijo con empleados a cargo. 

   ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque de no cumplir con la normativa, el cambio de conceptualización no sería más que discursivo, y en este sentido, seguirá prevaleciendo una economía de mercado por sobre una economía popular.