Martes 3 de noviembre se encuentran en Luján.
El lunes 2, martes 3, miércoles 4 de noviembre, la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT) estará realizando tres jornadas de Alimentazo en todos sus espacios comerciales, los Almacenes de Ramos Generales. Allí ofrecerán frutas y verduras agroecológicas a precios populares, sosteniendo únicamente los costos de producción y logística.
«Con estas actividades intentamos acercar alternativas a las y los consumidores ante la especulación y suba de precios que vemos en los alimentos», expresó Juan Pablo Della Villa, secretario de Comercialización de la UTT. «Aprovechamos esta actividad para exigir el avance de la Ley de Acceso a la Tierra que presentamos por tercera vez el pasado 22 de octubre en el Congreso«, declaró Delina Puma, secretaria de Producción de la UTT. Se trata de una iniciativa que busca crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder, a través de créditos blandos, a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Además, la ley busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.
Este proyecto fue presentado previamente en 2016 y en 2018, y acompañado por decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Entre los más de diez almacenes, se encuentra el almacén de Luján ubicado en Ruta 5 KM 75 al 200. Hoy martes atenderá de 8 a 12 hs.
Desde la organización, con fuerte presencia en 18 provincias del país, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo. En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Según estiman, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina.
“La aprobación de la ley significaría un hecho histórico para la construcción de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina y un paso fundamental hacia la Soberanía Alimentaria”, afirmó Delina Puma.
