La creación de nuevas Unidades Penitenciarias en la Provincia de Buenos Aires tiene como fin, no sólo eliminación de la sobrepoblación carcelaria, sino también la disminución de la reinsidencia a través de la reinserción social.
Una política carcelaria eficiente es una deuda histórica en nuestro país. El gobierno nacional presentó su proyecto para dar respuesta a la situación actual.
Desde el mes de marzo del año 2019 se declaró la emergencia carcelaria. En esa dirección están destinadas la creación de nuevas cárceles y alcaldías en territorios del conurbano bonaerense.
En principio, esta política permitiría solucionar el problema de sobrepoblación. Por un lado, en las comisarías, donde policías que deberían custodiar las calles están custodiando a los detenidos. Por otro lado, en las cárceles, de la cual se derivan diferentes problemas.
En una cárcel con superpoblación se acrecientan los problemas de violencia, los cupos laborales se ven reducidos junto con el sueldo y la comida. Los presidiarios conviven entre ratas y cucarachas, y comida en mal estado, sin poder acceder a estudios o capacitaciones laborales.
Al salir, se encuentran con una sociedad que los excluye, sin oportunidades laborales, y en algunos casos, sin haber mantenido contacto con sus familiares debido a la lejanía de la cárcel con el lugar de residencia de las mismas.
Hay una carencia clara en el sistema penitenciario argentino: la reinserción social, entendida como un proceso orientado a la integración en la sociedad a una persona condenada penalmente, está seriamente deteriorada.
La reinserción social debe tener en cuenta la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a condiciones de una vida digna, el acceso a la educación y a oportunidades para los presidiarios.
Es por esto que la nueva política carcelaria no sólo propone aumentar los metros cuadrados de instituciones penitenciarias, sino que, es un factor más en vías de solucionar el problema de reincidencia.
Así lo explicó el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en un comunicado difundido al presentarse el proyecto «La creación de doce nuevas cárceles es un hecho histórico. Estas obras aliviarán la sobrepoblación heredada del gobierno anterior y mejorarán los programas de educación y formación laboral de los internos para disminuir la reincidencia» y agregó, que las unidades construidas serán a partir de las normativas Nelson Mandela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estas normativas establecen que las instituciones carcelarias deben contar con escuelas, talleres, espacios para la producción agrícola, espacios especiales para visitas y hospitales de atención médica. Así también lo explicó el presidente Alberto Fernández, al retomar los dichos del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof:
Se espera que el Plan de Infraestructura Penitenciaria reduzca entre 2020 y 2023 el déficit de 18 mil plazas del sistema carcelario que entre 2016 y 2019 registró un ingreso masivo de 16.125 nuevos internos.
