Las empresas recuperadas podrán funcionar como cooperativas de trabajo (aun en trámite), sociedades laborales u otras formas asociativas.
El diputado nacional del Frente de Todos y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, presentó hoy un proyecto de ley para que se declare «de interés público y social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores», y sostuvo que «las particularidades en cada actividad se regirán por la negociación colectiva».
Correa sostuvo en la iniciativa que «las empresas recuperadas podrán funcionar como cooperativas de trabajo (aun en trámite), sociedades laborales u otras formas asociativas«, y explicó que el fin es «laboralizar» la figura de esas firmas.
Correa y el secretario de Prensa del gremio, Luis Sind, señalaron a Télam que el proyecto promueve «la equidad de género en el ámbito laboral desde su concepción»; garantiza un piso de derechos individuales a mejorar por los convenios colectivos, cobertura de riesgos del trabajo, seguridad e higiene, licencias, feriados y días no laborables.
También garantiza jornada de trabajo, tareas femeninas y protección de la maternidad, accidentes y enfermedades inculpables y las invenciones y descubrimientos; derecho de afiliación, de reunión y acción sindical, participación en la vida interna de las organizaciones y posibilidad de elegir y ser elegido.
La iniciativa genera comités mixtos de seguridad, salud e higiene con delegados de prevención en firmas de más de 30 empleados, y crea en el Ministerio de Trabajo la Comisión Nacional de Conservación del Trabajo para determinar un registro de empresas recuperadas, administrar su fondo especial, intervenir en conflictos y en instancias previstas por la norma de concursos y quiebras y ofrecer asistencia técnico-económica.
La secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de Moreno expresa cómo abordarán las problemáticas de violencias en el distrito, el objetivo del nuevo refugio municipal y las expectativas por la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ornella Infante, Alberto Fernández, Lis Díaz y Mariel Fernández en el Centro Cultural La Chicharra.
Lis Díaz está a cargo de la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidades. Tiene 35 años y desde los 19 que milita en el Movimiento Evita, donde conoció a Mariel Fernández.
Moreno Primero: ¿Qué cuestiones abordarán en la secretaría?
Lis Díaz: La Secretaría tiene dos áreas de abordaje, una que tiene que ver con la asistencia y Protección integral a personas en situación de violencia y otra que tiene que ver con la prevención y promoción de derechos.
MP: Inauguraron el primer hogar de protección integral municipal. ¿Cómo funcionarán las derivaciones, qué capacidad tiene?
L.D: Actualmente el hogar tiene una capacidad de 18 personas (incluyendo mujeres y niños). El objetivo del hogar es que sea un espacio de tránsito, que esperamos que la trayectoria sea de tres meses.
Tenemos la decisión de poder implementar talleres que tengan que ver con las expectativas que tengan las mujeres en el hogar. Por ahora tenemos actividades que tienen que ver con la recreación y acompañamiento.
La idea es trabajar con talleristas que contemplen distintas aspiraciones personales que tengan las mujeres y por supuesto el acompañamiento legal y psicológico que se hace a todas las personas ingresan.
M.P: ¿Hay otros hogares dentro del distrito? ¿Están articulados con el municipio?
L.D: En realidad, los municipios, en este caso nos vamos a integrar a la red provincial de hogares. En Moreno existen dos hogares más uno que trabaja en articulación con la provincia y otro que es de una ONG, nosotras trabajamos con los dos en coordinación para dar respuesta a distintas situaciones. Se trabaja con ellos y con las redes territoriales.
M.P: ¿Una vez que salgan del hogar, tendrán un seguimiento, un respaldo?
L.S: Una vez que salgan del hogar, tendrán un seguimiento, un respaldo? El hogar cuenta con un equipo de contención psicológica, social y educativa? ¿Tienen sistema de seguridad?
M.P: El 29 de diciembre se vota en el Senado el proyecto para la legalización del aborto. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué expectativas tienen y cómo acompañarían desde la Secretaría en caso de que se apruebe?
L.D: Nosotras para el 29 tenemos muchas expectativas de que el senado haga eco de lo que ya se viene planteando en la calle, en donde se pueda plantear una ampliación de derechos para las mujeres y todas las personas gestantes. Desde el Municipio de Moreno, nosotros hoy por hoy cumplimos con la ley con lo que provee el código penal desde 1921 garantizando la salud de las personas gestantes en todo el municipio para que tengan acceso a la ILE.
Tenemos muchas expectativas de que el senado haga eco de lo que ya se viene planteando en la calle, en donde se pueda plantear una ampliación de derechos para las mujeres y todas las personas gestantes.
Estamos con expectativas porque creemos que este tema es un problema de salud pública donde muchas mujeres pobres, producto de la clandestinidad sufren violencia y en muchos casos pierden la vida o quedan con lesiones importantes, que nosotras creemos que en el caso de que el aborto pueda ser legal podemos brindar condiciones que respeten la autonomía de todas las personas gestantes. Y en el caso de que se apruebe la ley, obviamente después existirá la reglamentación la provincia y el municipio nos vamos adherir a los preceptos que establezca el poder ejecutivo para poder garantizar la salud y esa ampliación de derechos para todas las personas gestantes de la comunidad de Moreno.
En el caso de la telefonía móvil habrá un plan de $150 y en el caso la telefonía fija será de $380. Será obligatorio y entrará en vigencia a partir del 1 de Enero de 2021.
El Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.
Al plan podrán acceder Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.
– Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.
Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.
Personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
Clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
La pandemia reveló la brecha digital al exponer las diferentes posibilidades de seguir teniendo clases entre quienes tienen acceso en su casa a la computadora y quienes dependen del centro comunitario.
El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», remarcó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.
