El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la renovación del programa Precios Justos con dos novedades: la extensión hasta el 30 de junio con una pauta inflacionaria de 3.2 por ciento y la inclusión de productos escolares.

«Ese es un objetivo que nos puede permitir enfrentar el mayor de los problemas que tienen los argentinos, que es la inflación», dijo durante el anuncio en el que se mostró junto a autoridades nacionales, gremiales y empresarios.

La nueva canasta empezó a regir el 1 de junio e incluye 50.000 artículos de los cuales 2 mil tendrán precios fijos. «Eso le permite al consumidor cuidar un poco más su ingreso a la hora de elegir en la góndola del supermercado», explicó Massa al respecto.

El propio Ministro explicó que el programa incluye precios y castigos para evitar «picardías». Entre los premios, habrá créditos a tasa subsidiada para la producción de la industria de alimentación y del complejo de higiene y limpieza.

Es que, señaló Massa, hubo algunas empresas que «limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor».

Precios Justos, precisó a su turno el secretario de Comercio, Matías Tombolini, es «un acuerdo voluntario en el que participan 480 empresas» que aceptaron la pauta de 3.2 mensual en la búsqueda de «moderar expectativas de inflación» y «mejorar el poder de compra».

Aval de intendentes, sindicatos y empresarios
En la primera fila del acto aparecieron intendentes bonaerenses, algunos de ellos muy identificados con el kirchnerismo duro como Mayra Mendoza, de Quilmes. También se dejó ver Federico Achával, de Pilar, quien tomó la palabra en el acto, al igual que su par de Florencio Varela, Andrés Watson.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, presente en el acto, celebró la ampliación del programa. «Esta iniciativa deja de lado la teoría de que sólo podemos ir en contra de la inflación sin entrar en la teoría de la devaluación y el ajuste que empobrece a la sociedad argentina», marcó, acompañando la expectativa de que «la inflación descienda definitivamente».

Del otro lado del mostrador, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja también ponderó la búsqueda de la «estabilidad y previsibilidad» para el sector, pero pidió disminuir «la presión fiscal».

«Si miran los precios de salida de fábrica están por debajo de la inflación, en enero pareciera lo mismo, pero frutas, verduras y carnes van a influir, pero esto no obstaculiza el compromiso de las empresa», añadió.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados empezará a tratar el jury contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados de la Nación comenzará a trabajar hoy, desde las 11 del mediodía, el pedido que puede terminar con la destitución de los ministros de la Corte suprema de Justicia de la Nación.

El pedido de remoción recae sobre Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, acusados de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» por parte del presidente Alberto Fernández en conjunto con once gobernadores.

Se trata del cuerpo que debe investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.

Es importante marcar que al tratarse de una instancia política, no corren las mismas reglas que para una acusación que cursa en el ámbito judicial. Por eso pueden utilizarse como pruebas los chats que Comodoro Py desestimó por haber sido obtenidos de manera ilegal.

El protocolo señala que cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente. Ésta comisión reglamentará el procedimiento a seguir en las causas sometidas a su dictamen.

Ayer, en declaraciones radiales, Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, sostuvo que hay pruebas «contundentes» de que existió «un mal procedimiento de la Corte y nosotros no la podemos dejar pasar. Nuestra voluntad política es comenzar el jueves con el juicio político. Las pruebas serán contundentes y podemos terminar con una mayoría que apoye la remoción de los jueces de la Corte en el recinto».

«La corte avanza sobre el poder ejecutivo y el legislativo asi que tomamos uno de los 14 pedidos de juicio político que hay sobre la Corte. A nuestro entender hay un mal desempeño en la administración pública», sostuvo por su parte el diputado Marcelo Casaretto, en declaraciones a Radio Provincia.

Valdés adelantó además que citarán a declarar al ministro de Seguridad porteño (en licencia), Marcelo D’Alessandro, y al vocero del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, quienes se vieron envueltos en un escándalo por la filtración de sus conversaciones en las que arregalaban favores entre uno y otro.

Al respecto, este miércoles el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra ambos por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar a la Provincia como particular perjudiciada en el fallo de la Corte sobre la coparticipación.