Centrales nucleares con el cartel de remate
La energía nuclear ya no es la energía del futuro, sino la energía del presente. Hasta diciembre de 2023, de hecho, Argentina tenía muy en claro esta premisa, y estaba a la vanguardia a través de la construcción de reactores como el Carem o el RA-10. Lo mismo, a partir de Nucleoeléctrica (NA-SA), la empresa del Estado que opera las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I y II, en Lima (Buenos Aires), y Embalse, en Córdoba. Sin embargo, en otro paso más hacia el desguace del sector científico y tecnológico, habilitado por la Ley Bases, el Gobierno confirmó la privatización parcial de NA-SA y ya oferta el 44 por ciento de las acciones. La operación implicará una pérdida de soberanía tecnológica que busca sintonizar con la exigencia de Estados Unidos de desmantelar los sectores estratégicos de la región. Y será una vía alternativa para la desesperada búsqueda de dólares en la que está inmerso el Gobierno. Nuevamente, una joya de la abuela que se vende para desarticular un activo fundamental de la ciencia y la tecnología local.
La energía nuclear ya no es la energía del futuro, sino la energía del presente. Hasta diciembre de 2023, de hecho, Argentina tenía muy en claro esta premisa, y estaba a la vanguardia a través de la construcción de reactores como el Carem o el RA-10. Lo mismo, a partir de Nucleoeléctrica (NA-SA), la empresa del Estado que opera las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I y II, en Lima (Buenos Aires), y Embalse, en Córdoba. Sin embargo, en otro paso más hacia el desguace del sector científico y tecnológico, habilitado por la Ley Bases, el Gobierno confirmó la privatización parcial de NA-SA y ya oferta el 44 por ciento de las acciones. La operación implicará una pérdida de soberanía tecnológica que busca sintonizar con la exigencia de Estados Unidos de desmantelar los sectores estratégicos de la región. Y será una vía alternativa para la desesperada búsqueda de dólares en la que está inmerso el Gobierno. Nuevamente, una joya de la abuela que se vende para desarticular un activo fundamental de la ciencia y la tecnología local.
En la resolución publicada en el Boletín Oficial (1751/2025) se lee: “Iníciase el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742” (Ley Bases). Lo importante es que por intermedio de esta, se dividió el paquete accionario de la compañía: 44 por ciento destinado a privatizar, el 51 quedará en manos del Estado y el 5 restante será para los trabajadores. Originalmente, el Gobierno quería privatizarla en un 100 por ciento, pero gracias a la negociación parlamentaria de la oposición se logró que en el proyecto sancionado el Estado conservara la mayoría de las acciones de Nucleoeléctrica.
En el presente, la compañía se encarga del mantenimiento, la gestión y tiene la función de planificar la creación de futuras centrales. Provee el 7 por ciento de la energía eléctrica que utiliza el país y, además, es superavitaria. Para tener referencia, durante el primer trimestre de 2025, NA-SA obtuvo un superávit de 17 mil millones de pesos. En los próximos días, la encargada de ponerle un precio será la Secretaría de Energía, luego de realizar un inventario de los bienes tangibles e intangibles.
Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, señaló: “El sector nuclear es una de las pocas escuelas que logró crear Argentina para el desarrollo de tecnología. Mucho de lo que se fabrica en el rubro, termina volcándose a otros sectores de la economía. Aunque la privatización del 44 por ciento puede pasar desapercibida en términos de impacto inmediato a la población, el efecto en cadena termina siendo devastador: nos están llevando al subdesarrollo”.
Frente a esta advertencia que realiza Hurtado y con el objetivo de limitar la posibilidad de que el Gobierno rife las capacidades e infraestructuras en energía nuclear, la oposición buscó sancionar la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico. Precisamente, uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa. Aunque tuvo media sanción, sin embargo, aún no avanza en el Senado.