Noelia Saavedra: “Ante la crueldad del sistema financiero, debemos crear herramientas que cuiden a las y los bonaerenses”
La diputada provincial Noelia Saavedra presentó un proyecto de ley para garantizar derechos frente a un drama silencioso que afecta a miles de familias bonaerenses: el sobreendeudamiento, las estafas digitales y las cobranzas abusivas.
La iniciativa busca fortalecer la protección de las y los consumidores mediante información clara y sin letra chica, la regulación de los créditos digitales, la protección frente a prácticas abusivas y la asistencia a hogares sobreendeudados.
En Moreno ya existe una ordenanza que establece un Régimen Municipal de Protección frente al Sobreendeudamiento de Usuarios y Consumidores, basado en el reconocimiento de la profunda asimetría informativa y de negociación que existe entre los usuarios y el mercado. Desde la Dirección General de Derechos del Consumidor, se viene acompañando y asesorando a cientos de vecinos frente a esta problemática.
A nivel nacional, los datos reflejan la magnitud de la situación. Según el Banco Central, la morosidad alcanzó niveles récord: en marzo, los pagos atrasados representaron el 11,7% del total de las tarjetas de crédito y el 14,2% de los préstamos personales. A su vez, un informe de la Cámara Argentina Fintech señaló que la morosidad en los préstamos otorgados por billeteras virtuales superó el 30%.
Otro reporte, elaborado por JP Morgan, indicó que los atrasos superiores a 90 días en los créditos de Mercado Pago escalaron al 8,7%, cuando un año antes se ubicaban en apenas el 1,8%.
En la misma línea, un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que la irregularidad bancaria en los créditos destinados a las familias se cuadruplicó en un año. Actualmente, más de seis millones de personas adultas presentan dificultades para afrontar el pago de préstamos, créditos y tarjetas.
El proyecto de Saavedra propone la creación de un Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas. Además, busca garantizar el trato digno, la buena fe, el acceso a información clara y la protección de los datos personales.
En ese sentido, establece que “el tratamiento de datos deberá ajustarse a la normativa de protección de datos personales” y obliga a los proveedores a utilizar la información de manera responsable. También dispone que “los proveedores deberán evaluar razonablemente la capacidad de pago y advertir cuando la carga financiera resulte incompatible con parámetros prudenciales definidos por la Autoridad de Aplicación”.
La iniciativa también apunta a regular y limitar conductas de hostigamiento por parte de los acreedores. Entre otras prácticas, prohíbe contactar a terceros o grupos, simular comunicaciones judiciales o amenazas de embargo sin intervención de la Justicia, realizar escraches, utilizar lenguaje intimidatorio o degradante y exigir pagos por canales no trazables o sin comprobante.
Detrás de estas cifras existen historias cotidianas que suelen permanecer invisibilizadas. Mientras el Gobierno nacional pone el foco en los indicadores macroeconómicos, millones de familias enfrentan el peso creciente de las deudas acumuladas durante 2024 y 2025. De hecho, la morosidad registró un incremento del 254% en apenas un año.
La situación también comienza a reflejarse en los tribunales. Bancos y entidades financieras iniciaron demandas contra clientes deudores y avanzan con pedidos de embargo sobre salarios e ingresos, profundizando la vulnerabilidad económica de numerosos hogares.
Especialistas consultados por distintos medios coinciden en que el aumento de la morosidad no responde únicamente a la caída del poder adquisitivo. También señalan el impacto de la desregulación financiera impulsada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
Entre otras modificaciones, esa norma eliminó límites a las tasas de interés aplicadas sobre saldos financiados de tarjetas de crédito, quitó sanciones para entidades que incumplan con la adecuada información de tasas y condiciones crediticias, derogó la obligación de destacar el Costo Financiero Total (CFT) y facilitó el otorgamiento inmediato de créditos digitales.
Frente a este escenario, el proyecto presentado por Saavedra busca construir herramientas de prevención, asistencia y protección para evitar que miles de bonaerenses queden atrapados en una espiral de endeudamiento cada vez más difícil de revertir.