Lis Díaz: “El veto de Ley de Emergencia en Discapacidad nos enfrenta a una situación de desprotección total por parte del Estado nacional”
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el pasado 10 de julio por unanimidad en el Senado de la Nación, corre riesgo de ser vetada por el presidente Javier Milei, profundizando aún más la crisis en materia de inclusión. “Esta ley viene a apaciguar la situación crítica que se está viviendo, sobre todo desde que inició el gobierno de Milei, con el ajuste de todas las políticas públicas que acompañan a las personas con discapacidad”, sostuvo Lis Díaz, secretaria de Desarrollo Comunitario del Municipio de Moreno, en diálogo con Moreno Primero.
El mismo día de su aprobación, el presidente anunció su intención de vetar la ley. La votación tuvo la ausencia de senadores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. La normativa establece una serie de medidas urgentes para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, tales como la regularización y actualización de pagos a prestadores de salud y educación, el fortalecimiento de talleres protegidos y centros de día, la reforma de las pensiones no contributivas, optimización del trámite del Certificado Único de Discapacidad, cumplimiento del cupo laboral y acompañamiento integral a las familias.
Hoy, muchos prestadores denuncian que llevan entre tres y siete meses sin cobrar, afectando la continuidad de tratamientos esenciales. “El veto del presidente no solamente mostraría nuevamente la crueldad de su Gobierno, sino que también nos enfrenta a una situación de desprotección total por parte del Estado nacional”, afirmó Lis Díaz y agregó que “desde el Municipio de Moreno venimos acompañando y desarrollando distintas políticas públicas para la inclusión y articulando con los efectores de Salud que tiene el Municipio con las organizaciones comunitarias, para garantizar el acceso a derechos”.
Desde febrero, el Municipio implementa operativos territoriales de asesoramiento, en articulación con las áreas de Justicia y Salud, ante las cartas documento enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Gracias a estos espacios, más de 3000 vecinas y vecinos pudieron gestionar trámites para la continuidad de pensiones no contributivas con el acompañamiento profesional necesario. «Ante la crueldad del Gobierno nacional, nosotros tenemos que responder con más políticas públicas y con el mayor esfuerzo y compromiso que nos inculca Mariel y el gobierno de Moreno», concluyó Lis Díaz.