miércoles, mayo 27, 2026
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Javier Milei sin piedad: veto a la emergencia en discapacidad

El pasado lunes 4 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial el veto que, en su totalidad, deja inhabilitadas las tres leyes aprobadas recientemente por el Congreso. Buscaban garantizar aumentos previsionales, reinstalar la moratoria jubilatoria y declarar la emergencia en discapacidad.

Desde el Gobierno nacional, se argumentó que las medidas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025, y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento que garantizaran su sustentabilidad.

Sin embargo, frente a decisiones nacionales que profundizan la desigualdad, desde el Municipio de Moreno se siguen activando diversos dispositivos que intentan amortizar las medidas de ajuste, y la presencia estatal, especialmente en el territorio, se vuelve más urgente.

Se siguen sosteniendo políticas públicas destinadas a acompañar a las personas con discapacidad y a sus entornos familiares. En articulación con las áreas de Salud y Justicia, se vienen llevando a cabo operativos territoriales de asesoramiento para la continuidad de pensiones y la defensa de derechos adquiridos, en respuesta a las cartas documento enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, recientemente el Municipio inauguró en Cuartel V un espacio dedicado al acompañamiento de adultos con discapacidad, que brinda contención, orientación y asesoramiento. Asimismo, colaboró con la Asociación Civil impulsora del proyecto, facilitando el acceso al predio e impulsando la gestión del edificio necesario para el funcionamiento del centro.

Históricamente, vetar una ley que declara la emergencia en áreas sensibles significa ignorar realidades urgentes y vulnerar derechos fundamentales.

Esta política de ajuste, además, atenta contra la conquista histórica clave en discapacidad en nuestro país: pasar del paradigma de la atención y la enfermedad al del sujeto de derecho. Detrás del argumento fiscal, el veto se convierte en una decisión política por parte del Gobierno nacional, que modifica notoriamente la vida de personas que dependen de políticas públicas activas para sostener condiciones mínimas de vida digna.