Debate por la baja de la edad de imputabilidad y la propuesta superadora de Moreno
Desde la Libertad Avanza, presentaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Desde Moreno Primero, dialogamos con la subsecretaria de Política Criminal de la Secretaría de Justicia DDHH del Municipio de Moreno, Jesica Brigandi, quien explicó que, en el Departamento Judicial de Moreno-Gral Rodríguez, “del total anual de causas por delitos cometidos en 2023, menos del 3 % fueron cometidos por menores”, por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad no parece ser la solución. En el distrito funciona el Programa de Responsabilidad Penal Juvenil donde “un 90 % de los pibes acompañados no vuelven a reincidir en la actividad delictiva. Esta política se podría aplicar a nivel nacional si el Gobierno tuviera una política pública de acompañamiento y lineamiento con nuestra perspectiva de seguridad y de derechos humanos”.
La baja de la edad de imputabilidad era uno de puntos de las “reformas de seguridad” que La Libertad Avanza proponía en su plataforma electoral. Entre otros puntos, como la construcción de cárceles con capitales privados o la eliminación de la legislación penal de las cláusulas garantistas, se proponían «estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores».
En los últimos días de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. El proyecto fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes. Además, faculta a las y los jueces intervinientes a investigar y someter incluso a los y las no punibles menores de 13 años a “internación” con fines de “readaptación social”, en los casos que consideren que existe riesgo de comisión de nuevos delitos, o que el chico/a resulte peligro/a para sí o para terceros.
Desde la red “Argentina No Baja”, integrada por especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos, expresan que “nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los y las adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad” y afirman incluir a los chicos desde los 13 años en el sistema penal y aumentar los años de encierro de los adolescentes que cometieron delitos para abordar los problemas de seguridad “es una idea que constituye una estafa política”.
Asimismo, mencionan 6 puntos claves que justifican que en Argentina no se debe bajar la edad de punibilidad. Entre ellos, afirman que la propuesta no sirve porque es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes y menores, como así también que “en los casos en que algún niño niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad».
Desde Moreno Primero, conversamos con la abogada y subsecretaria de Política Criminal dentro de la Secretaría de Justicia y DDHH de Moreno, Jesica Brigandi, quien consultada por este proyecto de ley, consideró que “solamente decir que se baja la edad de imputabilidad sin hacer un análisis más profundo no abarca la complejidad que requiere el tema ni se lo está tomando en serio”, y prosiguió: “Hoy en día, a partir de los 16 años y para determinado tipo de delitos, los menores son punibles y pueden ser pasibles de una condena, pero si tomamos datos de la realidad para ver el impacto que tienen los delitos cometidos desde una mirada de política criminal, si tomamos en cuenta estos datos, y vemos qué impacto tienen los delitos cometidos por jóvenes en la escala de delitos en general, vemos que no es tan real y grande el impacto como se lo quiere hacer ver”.
El informe de gestión de la fiscalía general de Moreno-General justifica la afirmación de Brigandi. “El informe expone que en el 2023 el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil recibió 1264 causas, mientras que, en total, la fiscalía general departamental recibió 44.262, es decir que la cantidad de causas iniciadas por delitos cometidos por menores son menos del 3% del total anual de causas por delitos cometidos en el departamento judicial”. Por lo tanto, concluye: “El impacto real en materia de seguridad no es como se lo muestra para poder llevar estos debates”. Más aún, “el Estado Nacional está obligado por convenciones internacionales a proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
En ese sentido, Brigandi cuenta que desde el Municipio de Moreno se trabaja “en una perspectiva de derechos humanos y de seguridad, para evitar que estos niños y niñas vuelvan a reincidir en el delito en nuestro distrito en general”. Para ello, en el distrito funciona el programa de responsabilidad penal juvenil, destinado a niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal desde 13 a 17 años. Desde el año pasado el programa pasó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos “para poder ponerle una mirada más de seguridad y política criminal además de la mirada obligatoria de derechos de las niñeces que ya tiene y que sigue teniendo, justamente para ver el impacto que podría tener el programa en la baja del delito penal juvenil en nuestro distrito.”
En el programa acompañan entre 50 y 60 jóvenes en conflicto con la ley penal, entre los que van ingresando y egresan, que son derivados de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, del Juzgado de Garantías de Responsabilidad Juvenil del distrito y de CABA (en el caso de jóvenes que cometen delitos allí pero que son de Moreno).
“Los resultados obtenidos son muy buenos, alrededor de un 90 % de los pibes acompañados no vuelve a reincidir en la actividad delictiva”, manifiesta la coordinadora general de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y cuenta que “se los acompaña en la vinculación con la escuela si es que se desvincularon, se trabaja en los vínculos familiares con el servicio local y con los programas de Niñez, se trabaja también el consumo con la Subsecretaría Casa Pueblo, se los vincula con actividades deportivas, recreativas, oficios, de acuerdo a sus intereses y necesidades, para poder vincularlo desde ese lugar y restituirle sus derechos”.
Con todo, Brigandi diferencia las políticas que se llevan a cabo en el Municipio de Moreno, “que se rigen por los paradigmas de seguridad y de derechos humanos” y los que se observan a nivel nacional, donde “rige un populismo punitivista de pensar que con eso se va a tener alguna incidencia en mejorar las tasas de seguridad”, sin embargo, aclara que “para comprobar que bajando la edad de imputabilidad vas a incidir realmente en la tasa de seguridad, es teniendo en cuenta los números de los jóvenes que cometen delitos a nivel nacional”.
El programa que se lleva a cabo en Moreno, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, puede ser implementado a nivel nacional para contribuir a mejorar los índices de seguridad. Para ello, “es muy necesaria la articulación con los gobiernos locales, porque somos los que tenemos llegada esta población y la articulación con los dispositivos locales de cercanía con estos jóvenes”, adviertió la funcionaria y agregó que “si desde el Estado Nacional se tuviera una política pública de acompañamiento o lineamiento con nuestra perspectiva de seguridad y de derechos humanos, entonces sí se puede articular para trabajar en conjunto con los gobiernos locales, fundamentales por la cercanía y la territorialidad. Pero la política propuesta es completamente contraria, es una política de desfinanciación de todos los programas de acceso a la justicia y restitución de derechos”.