Mantener y generar puestos de trabajos a través de una ley que resignifique a las empresas recuperadas. Repensar la Ley de Concursos y Quiebras, crear un Fondo de Recuperación de Empresas, el Ministerio de Trabajo como Autoridad de aplicación y Competencia.
Ante la falta de una legislación que proteja a los trabajadores y trabajadoras que se organizan con el compromiso de dar continuidad a una empresa quebrada o vaciada, Walter Correa, legislador nacional del Frente de Todos, tiene una propuesta.
Se trata de la ley que declara de interés público y social el proceso de recuperación de empresas por parte de los trabajadores y trabajadoras.
La presentación fue realizada, a principios del mes de diciembre, en NCK Tintas Gráficas (Ex Belcar), una cooperativa de trabajo que fue producto de la recuperación de una fábrica de San Justo. Allí, Correa señalo que en durante el macrismo, las empresas cooperativas se vieron perjudicas al igual que las 25 mil pymes que cerraron sus puertas, producto de “las políticas de destrucción de la producción y el trabajo que se aplicaron en estos últimos cuatro años”.
Con esta ley se busca garantizar derechos laborales y colectivos de trabajo; exenciones impositivas; convenios de cooperación con gobiernos provinciales, municipales, asociaciones sindicales y empresariales; representación sindical y seguridad social, la conformación de una Comisión Nacional de Conservación del Trabajo y la equidad de género.
Además, la propuesta del dirigente de los trabajadores del cuero plantea la modificación de la Ley 26.284/11 de Concursos y Quiebras con el fin de conservar las fuentes de trabajo y generar empleos a través del apoyo a la continuidad y subsistencia de empresas en crisis.
El proyecto de ley dejaría sin efecto el pago de canon o alquiler, tal como lo plantea la ley actual, y establece que los bienes de la empresa a recuperar, tanto inmuebles como maquinarias, sean entregados en comodato a los trabajadores. Junto a esta propuesta, se encuentra la creación de un Fondo de Recuperación de Empresas con una partida anual prevista en el presupuesto nacional.
La Autoridad de Aplicación y Competencia para este proyecto de ley es el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, con quien Correa tuvo una reunión el pasado lunes 28 de diciembre.