Este 1° de agosto se cumplen cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, que luego de 78 días desaparecido fue hallado sin vida tras una represión ejecutada en agosto de 2017, en Chubut, por agentes de la Gendarmería. El hermano del joven artesano, Sergio Maldonado, aseguró que el caso está a la espera de la designación de un juez que «investigue de verdad».
A raíz del aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, hecho que ocurrió el 1° de agosto de 2017, Sergio Maldonado, hermano del joven reprimido, expresó que la causa continua «paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como ‘desaparición forzada’ y que se designe otro juez».
En relacion a la última presentación efectuada en octubre pasado frente al máximo tribunal, Sergio Maldonado reclamó la designación de un nuevo juez que «investigue de verdad», ante la falta de celeridad en la resolución del expediente a cargo del magistrado Gustavo Lleral. Entre otras declaraciones, Maldonado sostuvo: «A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017. Apelamos para que se designe a otro juez, él se agarra de eso para decir ‘No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya dí mi fallo». Hasta el momento, el expediente no tiene culpables ni responsables condenados.
En noviembre de 2018, luego de dictaminar el ahogamiento como causa de muerte de Santiago y de eximir de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, quien integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017, Lleral cerró la causa.
Por otro lado, en referencia a la reciente declaración de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel, Sergio afirmó que «el no tomarle declaración a la nueva testigo, por ejemplo, es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar». A su vez, señaló que la testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni, a quien relató que al día siguiente de la represión en la Pu Lof «asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo», comentando que «habían detenido en la zona del campo de Benetton a una persona a la cual se referían como ‘el hippie’ «.
Recientemente, Sergio publico en sus redes sociales lo que expuso la testigo, en su declaración a Baquioni, en la que asegura haber escuchado que «Ahumadita se había mandado la cagada del siglo» y que al parecer «Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado». Ante esto, Sergio cuestionó que conocen muchísimas personas que pueden aportar información que ayude a destrabar la causa, pero es muy difícil hacerlo si no hay un juez que investigue.
Además, durante la investigación se observaron varias irregularidades, entre las que Maldonado resaltó: libros de actuación de Gendarmería adulterados, grabaciones incompletas del operativo, quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes.
La opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales
En respuesta, Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), señaló que no se cumplen los derechos que se han reconocido en la Constitución y en diferentes leyes de que los pueblos tienen que acceder a sus tierras ancestrales, y que «los gobiernos provinciales y muchos intereses privados obstaculizan esta posibilidad de acceso». En este sentido, Trufó declaró que «la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado» por la gestión anterior, liderada por Mauricio Macri, para «reprimir a la comunidad mapuche». Y señaló que «el Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades».
«Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo», indicó el director de Justicia y Seguridad del CELS.
Además, Tufró expresó que es necesario que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para «poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo».
Por otro lado, el hermano de Santiago Maldonado sostuvo que «mientras mas pasa el tiempo y mas nos alejamos de la verdad, en la que se van perdiendo pruebas, sin saber dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, o si las cuidaron», y agregó que «si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas».
Este 25 de julio, Santiago hubiera cumplido 33 años. A cinco años de su muerte, continúan las irregularidades y los obstáculos que insertan los mas poderosos congelado la causa en el tiempo.
Este lunes desde las 17 horas, en la quinta conmemoración de su desaparición, su familia y amigos, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, se concentrarán en Plaza de Mayo para reclamar, una vez más, justicia y verdad.