El proyecto “Relocalización en el Barrio Manantiales” que viene desarrollando la municipalidad de Moreno fue parte de los primeros 5 proyectos consagrados en el Concurso Nacional que llevo a cabo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en el marco del Día Mundial del Urbanismo. Se trata de una solución a la toma de tierras en el barrio La Bibiana, ubicado en Moreno Sur, que logró reubicar a 128 familias en el flamante barrio Manantiales.
La gestión que encabeza Mariel Fernández asumió en diciembre del año 2019, y se hizo cargo de una cuestión social crítica. Personas que ocupaban el predio denominado por ellas “La Bibiana”, estaban imputadas en una causa por toma de tierras y en marzo del año 2020, el Juzgado de Garantías 3 de Moreno había dispuesto el protocolo para el desalojo. Por la pandemia, el procedimiento quedó en suspenso, pero poco después de mitad de año, la Cámara de Apelaciones estableció que debía hacerse el desalojo en el corto plazo. El Municipio, por su parte, había iniciado un proceso que aceleró y evitó un desalojo violento.
Ni bien asumieron la gestión comenzaron a trabajar en el conflicto heredado. Realizaron un primer censo el dos de enero, la orden de desalojo llegó en marzo y se postergó por la pandemia, y el 19 de septiembre realizaron un nuevo censo con las personas que estaban habitando el predio, para dar una solución definitiva.
En ese procedimiento constataron que había 128 familias viviendo en ese “barrio”. Con los datos obtenidos en los relevamientos, los equipos técnicos del distrito que conduce la intendenta Mariel Fernández hicieron entrevistas en profundidad con cada una de las familias.
La situación era muy compleja porque había muchas madres solteras, algunas problemáticas vinculadas a la violencia de género, y otras situaciones de vulnerabilidad. Se tomó la decisión de intervenir con los equipos de profesionales del municipio para elaborar una propuesta y brindarles una solución habitacional.
Desde el municipio invitaron a las partes a conformar una mesa de diálogo -que luego fue formalmente convocada por la Fiscalía– y participaron de ella la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses, el organismo Provincial de la Niñez y la subsecretaría de Hábitat. Por parte del municipio trabajaron las secretarías de Desarrollo Comunitario, de Justicia y Seguridad y el Instituto de Desarrollo Urbano.
“Trabajamos con las familias contemplando sus derechos, pero también los del dueño. Entendimos que había un privado que ganó un juicio y que el retiro tenía que ser pacífico y voluntario”, explicó la entonces secretaria de Desarrollo Comunitario y actual concejala por el Frente de Todos, Noelia Saavedra, a un medio nacional; mientras que los dueños del predio ya habían tomado posesión del mismo nuevamente.
El nuevo barrio en el que están las familias, denominado “Manantiales”, está ubicado en Moreno Sur. Las familias tuvieron desde aquel entonces la garantía de que nadie los podrá sacar porque las tierras serán suyas. Las personas que fueron reubicadas firmaron un comodato mediante el cual acceden al uso y goce de esas tierras, pagando por cuotas, a precios accesibles. Los vecinos se fueron construyendo, paulatinamente, sus casas que a partir de este año comenzaran a pagar (contaban con un plazo de dos años).
En junio del año 2021 llegaba una de las primeras grandes noticias. Gracias al asfalto colocado por el municipio sobre la calle Ambrosetti, la línea 27 de “La Perlita” llegaba al barrio Atalaya y Manantiales. Fue tan importante la llegada del colectivo, que en la inauguración estuvieron presentes la intendenta municipal, el delegado municipal de Moreno Sur, Sergio Arreguez, concejales y concejalas, junto a vecinos y vecinas que celebraron el acontecimiento.
En septiembre del mismo año, tras la organización de vecinos y vecinas se realizó una plaza dentro del barrio para que toda la comunidad, principalmente los más chicos, puedan disfrutar. La plaza barrial consagró la unión de las y los vecinos de Manantiales que impulsaron la idea con reciclado de elementos que ya no se usaban, aportando plantas y creando juegos para que niñas y niños se diviertan y, a su vez, aprendan el valor de cuidar los espacios verdes.
El Municipio dio el visto bueno a la iniciativa, brindó el cartel con el nombre de la misma y donó más de 50 árboles nativos que hay ahora en la plaza “Pequeños Gigantes”, jacarandá, la acacia leucaena y la Sesbania punicea.
A su vez, construyó el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad que tiene como objetivo brindar un espacio de integración y de encuentro para las y los vecinos. Cuenta con una superficie cubierta de 295 m2 donde se construirá un salón amplio, baños, oficinas y un playón de usos múltiples de 100 m2 en el exterior.
Por último, el mes pasado, el municipio anunció que cede 10 terrenos para la construcción de edificios educativos, y se anunció para el barrio manantiales, la construcción de un polo educativo, muy importante ya que no hay escuelas. Las más cercanas son las escuelas del barrio Casasco Federal y Loma de Casasco, que, si bien se están ampliando y a poco de inaugurar 6 aulas más, no son suficientes y están a mucha distancia.
Por todo esto es que el jurado del 2 Concurso de Experiencias y Propuestas de Planificación y Desarrollo Territorial colocó al proyecto al proyecto municipal «Relocalización en el Barrio Manantiales» entre los mejores 5 proyectos, reconociendo la buena experiencia y colocándola como ejemplo de proyecto exitoso para implementar y replicarse en otros territorios con realidades similares.
Tal como lo expresó el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, en representación de Desarrollo Territorial y Hábitat, estos proyectos dan cuenta de “la capacidad de articular en los diferentes niveles de gobierno”, y la necesidad de “planificación” que es “fundamental para poder ordenar el futuro en función de una mejor calidad de vida”.
El predio que habitaban las familias en la Ruta 23, había sido ocupado durante noviembre del 2019 y la actual gestión municipal se propuso resolver este conflicto desde el primer día. A dos años de la finalización de la relocalización que encabezó el gobierno de Mariel Fernández, se sostiene como política central que el uso del suelo debe ser planificado por el Estado en beneficio del bien común.
