Este jueves 13 de octubre se dictará sentencia en la causa que investigó el operativo policial y militar en la quinta La Pastoril, donde fueron desaparecidos o asesinados once dirigentes del PRT – ERP. En diálogo con Moreno Primero, Juan Torrez, integrante de HIJOS Moreno, afirmó que “todas las acusaciones y todos los años de condenas que se pidan para los genocidas y sus cómplices civiles, sean atendidas, y que sea justicia, que no quede impune ningún delito de lesa humanidad. Sin duda será un paso más hacia la memoria, la verdad y la justicia”.
A un año del comienzo del juicio, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín realizará una audiencia que comienza a las 9 horas donde dará a conocer el veredicto en el juicio por la masacre de la quinta La Pastoril, en donde un gran operativo militar y policial terminó con el asesinato o desaparición de once personas, y el secuestro de cuatro personas que luego fueron liberadas.
A diferencia de las demás causas de lesa humanidad, los crímenes no sucedieron alrededor de un centro clandestino de detención, sino en los hechos que ocurrieron en esa quinta. Cinco días después del golpe de estado de 1976, un 29 de marzo de hace 46 años, se realizaba una reunión secreta del Comité Central del PRT –ERP en la que participaban sus máximas autoridades e invitados extranjeros del MIR de Chile y de Tupamaros de Uruguay. Los líderes del PRT lograron escapar, pero almenos cuatro militantes de la organización fueron asesinados en el lugar María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero, Víctor Hugo González y Ruperto Méndez), y otros tres en los alrededores, cuando escapaban en un auto (Juan Mangini, Nelson Agorio y Héctor Chávez).
Al menos ocho personas más fueron secuestradas y llevadas a diferentes centros clandestinos de detención, como Puente 12 y la Comisaría 1° de Moreno, y sólo cuatro recuperaron la libertad. Durante el debate surgieron los nombres de otras personas a partir de documentos de inteligencia, por lo que se cree que estas no fueron todas las víctimas.
En diálogo con Moreno Primero, Juan Torrez, militante de derechos humanos e integrante de HIJOS Moreno resalta que “la importancia del veredicto del próximo jueves es marcar otro hito en Argentina” y ejemplifica “tal como se ve en la película 1985, para quienes la vieron, allí se ve la importancia de los juicios de lesa humanidad”. Además, considera que “Néstor y Cristina estuvieron a la cabeza de la derogación de la ley de punto final y obediencia debida, las leyes de impunidad, que ha sido de suma importancia”, y que en un momento en el que “la democracia está en peligro, es más que importante que sigan los juicios.”
Para Juan Torrez, las expectativas son “que todas las acusaciones y todos los años de condenas que se pidan para los genocidas y sus cómplices civiles, sean atendidas, y que sea justicia, que no quede impune ningún delito de lesa humanidad”. Y agrega, “sin duda será un paso más hacia la memoria, la verdad y la justicia”.
Eduardo Garbarino Pico, un testigo de siete años en aquel entonces
A partir de la anulación de las leyes de impunidad, hermanas, sobrinas, parejas e hijas tomaron la posta para comenzar a conocer lo que había ocurrido en La Pastoril y hoy son las seis querellantes en la causa. Ofelia Agorio fue una de ellas. Junto a su hermana, Iris, lleva ya casi 20 años empujando la investigación, en particular sobre su hermano Nelson, quien tenía 23 años y era parte del comité central del PRT.
Recuerda varios momentos claves en ese camino, encuentros de hermanos y hermanas de víctimas, conocer a Viviana Losada, quien había comenzado a investigar lo ocurrido a su expareja Rodolfo Ortíz, y el testimonio de Eduardo Garbarino Pico, un niño de siete años que estaba al cuidado de Nelson Agorio luego de que su madre fuera secuestrada en 1974.
En La Pastoril, Nelson logró sacar al niño y lo subió a un auto en un intento de escapar junto a Mangini y Chávez, pero fueron perseguidos a los tiros por la policía y capturados. Durante el juicio, Eduardo relató que Agorio lo cuidó hasta último momento, le dijo que saliera con los brazos en alto y que hiciera lo que le decían los policías. Contó que no estaban armados y que todos salieron del auto con vida, pero fue la última vez que los vio.
Eduardo fue llevado a la casa de un policía, que luego de unos días lo dejó en una casa vacía donde había vivido meses antes. Ahí fue rescatado por militantes del PRT hasta la vuelta de la democracia. Agorio, Mangini y Chávez fueron asesinados y enterrados como NN. Sus cuerpos fueron identificados a partir de las tareas del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En La Pastoril, Nelson logró sacar al niño y lo subió a un auto en un intento de escapar junto a Mangini y Chávez, pero fueron perseguidos a los tiros por la policía y capturados. Durante el juicio, Eduardo relató que Agorio lo cuidó hasta último momento, le dijo que saliera con los brazos en alto y que hiciera lo que le decían los policías. Contó que no estaban armados y que todos salieron del auto con vida, pero fue la última vez que los vio.
Eduardo fue llevado a la casa de un policía, que luego de unos días lo dejó en una casa vacía donde había vivido meses antes. Ahí fue rescatado por militantes del PRT hasta la vuelta de la democracia. Agorio, Mangini y Chávez fueron asesinados y enterrados como NN. Sus cuerpos fueron identificados a partir de las tareas del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los acusados
En la causa se encuentran acusados Eduardo Sakamoto, capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo; Héctor Alberto Raffo, teniente primero y jefe de la Sección Comando y Servicios de esa unidad; Juan Carlos Jöcker, capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá; Juan Manuel Giraud, por entonces cabo primero y jefe del Grupo de Tiradores de la Primera Sección de Contrasubversión de esa compañía; y los ex policías bonaerenses Juan José Ruiz y Julio Alejandro Pérez, quienes eran suboficiales en la Comisaría 1° de Moreno, donde fueron llevadas muchas de las víctimas.
La querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para esos seis imputados. El último de los acusados es Carlos Alberto Guardiola, excabo primero en la Compañía de Ingenieros de Pablo Podestá. Para él, la querella pidió que sea condenado a prisión perpetua pero la fiscalía solicitó su absolución por considerar que no habías pruebas para sostener la acusación.
Durante el debate, además, quedó clara la participación en la planificación del operativo del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que tenía como una de sus misiones encontrar al líder del ERP, Mario Roberto Santucho. A cargo de esa cacería estaba el entonces capitán Juan Carlos Leonetti, quien habría estado ese día en La Pastoril. Lograría su propósito el 19 de julio, en un departamento de Villa Martelli, en el que Santucho fue asesinado y el propio Leonetti murió en el tiroteo.