A partir de las denuncias realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia por reducción a la servidumbre y torturas, el sábado 4 de febrero se allanó la comunidad terapéutica “Valientes”, una clínica para personas en situación de consumo, ubicada en Monsegur, casi esquina Carlos de Linneo, de la localidad de La Reja. Comprobaron hacinamiento grave, privación ilegítima de la libertad y otras condiciones de internación ilegal. El Municipio se encargó de llevar a las personas adultas a sus hogares y de reunir a los menores de edad con sus familias.
A partir de la denuncia que se realiza desde el Estado, el allanamiento lo realiza la policía federal, bajo la dirección de la Fiscalía N°8 del Departamento Judicial Moreno- General Rodríguez a cargo del Dr. Gabriel López, acompañado por un equipo integrado por personas de distintas áreas del Municipio de Moreno, encabezado por la secretaria de Desarrollo Comunitario, Noelia Saavedra y la Dirección de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Municipio de Moreno, Nahuel Berguier, explicó en la Radio Pública de Moreno que “el fiscal recibe la denuncia el sábado por la mañana y ordena el allanamiento de manera inmediata. El sábado por la tarde la policía federal ingresa a este lugar”. El allanamiento duró toda la noche. Allí comprobaron hacinamiento grave, privación ilegítima de la libertad y otras condiciones de internación ilegal.
Berguier detalló que “este tipo de allanamientos son muy particulares porque de manera inmediata hay que atender la situación de las personas que están en esta situación, internadas en el lugar. Además, hay que entrevistarlas, y para esto se necesita personal idóneo y calificado que entrevistó a una por una. Por eso quiero destacar el trabajo profesional y la articulación de las distintas áreas del Estado, tanto de la justicia, como el Estado Nacional, Provincial y Municipal para poder resolver esta situación tan terrible”.
El Municipio se encargó de llevar a las personas adultas a sus hogares, reunir a los menores de edad con sus familias y realojar a las personas internadas provenientes del interior, hasta contactar a sus familiares:
“Las personas que están internadas en un lugar es por voluntad propia, y en la mayoría de los casos lo que se hizo fue comunicarse con las familias y trasladar a las personas hasta su domicilio y se inicia un trabajo importante con la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos que evaluará las situaciones particulares. También había algunos pocos casos de menores que fueron reincorporados a su grupo familiares, y en ese caso también se da aviso a los servicios locales de cada municipio. También había algunas personas del interior, de Chaco, de Rosario, que fueron realojados en algunos lugares de nuestro municipio, por ejemplo, en parroquias que trabajan con personas en situación de consumo, a la espera de ser contactados con sus familias”, específico el funcionario municipal.
Así, marcó que “prácticamente, la mayoría de los internados, ninguno era de Moreno, por eso realizó un fuerte trabajo con distintos municipios para el regreso de las personas a sus casas” y remarcó “el trabajo muy específico y profesional, de seguimiento uno por uno” respecto de las personas alojadas.
Durante el allanamiento se detuvo al director de la comunidad terapéutica, y a dos coordinadores del lugar. “Estas personas, hoy lunes iban a estar siendo indagadas”, adelantó el secretario de Justicia, y expresó que “hay que ver como continua la causa que posiblemente va a tener más novedades, más nombres de responsables de esa clínica y de las condiciones en que las que se encontraba. También, a partir de los testimonios que incorporen a la causa, tanto los que se tomaron en el momento del allanamiento, como otros que pueda tomar la fiscalía, habrá que ver la calificación legal.”
“Sabemos que es un problema estructural a nivel de la situación de salud mental. Estas clínicas de internación tienen que tener un seguimiento desde el ministerio de salud de la provincia que es quien tiene el poder de policía en relación a estos lugares. En el momento en que se toma conocimiento de la existencia de una situación de gravedad se inician todos los mecanismos para derivar en una inspección, que es lo que hizo la provincia de Buenos Aires, y una posterior denuncia que realiza el ministerio de la provincia tras reunir un conjunto de informaciones que le permiten inferir que allí existe un lugar donde la gente la está pasando mal, donde están ocurriendo situaciones que no están avaladas por ningún tipo de prácticas vinculadas a la salud mental”, concluyó Berguier.